La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó este miércoles seis años de prisión para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala y los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio y Pablo Schoklender, en el marco del juicio oral por la defraudación del programa de viviendas "Sueños Compartidos".

Durante la jornada, la abogada Marianela Teich -en representación de la querella de la UIF- expuso durante más de tres horas ante los jueces del Tribunal Oral Federal N° 5 (TOF 5). Además de las penas privativas de la libertad para los principales involucrados, el organismo solicitó cuatro años de cárcel para el resto de los imputados, la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de todos los bienes secuestrados durante la investigación.

Coincidencia con la Fiscalía y cierre de la acusación

El pedido de la UIF ratifica plenamente lo solicitado a principios de julio por el fiscal Diego Velasco, dando por concluida la etapa de acusaciones en el debate oral.

En sus conclusiones finales, la fiscalía había calificado el caso como la demostración de un "esquema criminal pergeñado y organizado entre el Estado Nacional y los responsables del proyecto". Según los investigadores, entre 2008 y 2011 se desviaron más de 206 millones de pesos de los 900 millones asignados por la administración central a la Fundación Madres de Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.

"Nada era gratis. Todo se pagaba, pero nada se cumplía, todo era una pantalla", llegó a remarcar el fiscal Velasco al describir cómo se otorgaban adjudicaciones directas, se eludían los controles estatales, se realizaban modificaciones de obra sin justificación y se extendían de manera ilícita los plazos de ejecución en diversas provincias del país.

Distribución de responsabilidades y la trama federal

La imputación ubica a los exfuncionarios nacionales De Vido, López y Fatala como coautores del delito de fraude a la administración pública, mientras que a los hermanos Schoklender se los acusa como partícipes necesarios.

Por otra parte, para los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero -Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin- señalados como partícipes secundarios, se requirió una pena de cuatro años de prisión.

La investigación determinó que las irregularidades en las contrataciones y la falta de avance en las obras afectaron a múltiples jurisdicciones, entre las que se encuentran:

• Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios bonaerenses como Tigre, Almirante Brown y Ezeiza.
  
• Las provincias de Chaco, Santiago del Estero y Misiones.
  
• Ciudades del interior como Rosario, Santa Fe y San Carlos de Bariloche.
  

Próximos pasos: las defensas y el veredicto

Con el alegato de la UIF finalizado, el proceso judicial entra en su tramo decisivo. A partir de la próxima semana y durante todo el mes de agosto, se llevarán a cabo las exposiciones de las defensas, que iniciarán con la representación técnica de los imputados de la provincia de Santiago del Estero y concluirán con la defensa de Julio De Vido.

Una vez concluidos los alegatos defensivos, los jueces Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Ricardo Basílico pasarán a deliberar. Se prevé que el veredicto final se dé a conocer entre los meses de septiembre y octubre.