La ley nació a partir de la historia de Ema Bondaruk y el amor de Laura, su mamá.
Santa Fe marcó un precedente en Argentina al convertirse en la primera provincia en establecer por ley un sistema específico para prevenir y actuar frente a casos de violencia digital dentro del ámbito educativo. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado provincial y establece nuevas herramientas para escuelas, docentes, estudiantes y familias.
La denominada Ley Ema crea el Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo. Su objetivo es brindar mecanismos para detectar situaciones de riesgo, intervenir y acompañar a los estudiantes afectados.
Entre las medidas previstas se encuentran la capacitación de docentes y equipos educativos, la elaboración de guías de actuación y la incorporación de contenidos relacionados con ciudadanía digital, privacidad y consentimiento.
Además, establece mecanismos de coordinación entre las instituciones educativas, las familias y diferentes organismos estatales para intervenir frente a episodios que puedan afectar a niños y adolescentes.
La normativa contempla distintas formas de violencia que actualmente se desarrollan a través de internet y las redes sociales, entre ellas el ciberacoso, el hostigamiento virtual, la suplantación de identidad, las extorsiones digitales y la difusión de imágenes íntimas sin autorización.
Aunque muchas de estas situaciones pueden producirse fuera de las escuelas, la legislación parte de la premisa de que sus consecuencias terminan trasladándose a las aulas y afectan directamente la convivencia entre los estudiantes.
A diferencia de un protocolo con procedimientos estrictos, la ley establece guías de actuación que podrán adaptarse a los cambios tecnológicos. Estas deberán orientar a las instituciones sobre cómo intervenir, dónde recurrir y de qué manera acompañar a las personas involucradas.
La normativa lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que murió en agosto de 2024 luego de que un compañero difundiera sin su consentimiento un video íntimo que comenzó a circular entre estudiantes de su escuela.
Tras la muerte de la adolescente, su madre, Laura Sánchez, comenzó a impulsar diferentes acciones para visibilizar las consecuencias de la violencia digital y reclamar herramientas de prevención dentro de las instituciones educativas.
La campaña avanzó posteriormente hacia la elaboración de propuestas legislativas y materiales destinados a las escuelas. Sánchez también participó de la presentación en el Congreso de una iniciativa nacional destinada a prevenir este tipo de situaciones.
Con la sanción de la normativa santafesina, el abordaje deja de depender exclusivamente de las decisiones de cada institución o administración provincial. El Ministerio de Educación deberá implementar las herramientas previstas y garantizar que estén disponibles para la comunidad educativa.
La aprobación en Santa Fe se suma a otras modificaciones legislativas que comenzaron a reconocer las consecuencias de las agresiones producidas en entornos digitales.
En 2025 entró en vigencia la denominada Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como una modalidad de violencia de género dentro de la legislación argentina y habilitó medidas judiciales para solicitar la eliminación de contenidos que vulneren derechos.
En paralelo, continúa el impulso de la denominada Ley Belén, una iniciativa que pretende incorporar determinadas conductas vinculadas con la difusión de material íntimo sin consentimiento al Código Penal.
La nueva Ley Ema incorpora ahora otra dimensión: la prevención y el acompañamiento desde las instituciones educativas. Con su aprobación, Santa Fe se transforma en la primera provincia del país en contar con una legislación específicamente destinada a abordar la violencia digital en las escuelas.