La investigación por la millonaria compra de la mansión de Pilar -cuya hipótesis principal apunta a que habría sido adquirida por presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)- retomará este lunes su actividad habitual tras el fin de la feria judicial.

El expediente se encuentra actualmente bajo la órbita de la jueza en lo Penal y Económico Verónica Straccia, cuya subrogancia en el Juzgado N.º 10 se extiende hasta mediados de noviembre de este año. No obstante, el futuro inmediato del caso atraviesa un momento de máxima tensión procesal ante la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal.

Sin indagatorias y con la mira puesta en Casación

Hasta el momento, ninguno de los magistrados que intervino en la causa ha llamado a declaración indagatoria a Luciano Pantano y Ana Lucía Conte (madre e hijo, monotributista y jubilada, respectivamente), dueños de Real Central SRL, la firma propietaria del predio. Un reclamo constante por parte de los denunciantes.

En los tribunales se destaca el perfil técnico y la honestidad de la jueza Straccia; sin embargo, persisten los interrogantes sobre su continuidad en el expediente. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a un recurso en queja presentado por la defensa de los acusados y revisará todo lo actuado para definir definitivamente qué tribunal debe continuar con la investigación.

Mientras los abogados defensores aspiran a que los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos devuelvan la causa al juzgado federal de Campana, a cargo del doctor Adrián González Charvay -cuestionado por los denunciados-, el próximo 12 de agosto se llevará a cabo una audiencia clave en la que Casación escuchará a las partes para resolver el rumbo procesal.

La hipótesis de la maniobra y los misterios de la sociedad

La causa intenta dilucidar cómo Real Central SRL logró adquirir una propiedad valuada en aproximadamente 20 millones de dólares. Durante los allanamientos ordenados en su momento, la Justicia halló una imponente mansión emplazada en unas cinco hectáreas, acompañada de 54 vehículos de lujo, pistas ecuestres, caballerizas y un helipuerto.

De acuerdo con la investigación, Pantano y Conte carecerían de la capacidad patrimonial para justificar semejante erogación. El entretejido societario también generó sospechas: originalmente denominada Central Parks Drinks S.R.L. y con un capital social inicial de 300.000 pesos, la compañía cambió su nombre a Real Central S.R.L. el 16 de mayo de 2024, elevó su capital a 58 millones de pesos y, apenas 14 días después, concretó la compra del predio en Pilar.

A esto se suma otro elemento comprometedor incorporado al expediente: una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano que habría sido utilizada para abonar gastos corrientes de la flota de alta gama hallada en la propiedad.

Una larga disputa por la competencia

El expediente ha transitado un extenso derrotero judicial caracterizado por disputas de competencia. La pesquisa se inició originalmente en el juzgado federal de Daniel Rafecas -donde se ejecutaron los primeros allanamientos- y pasó luego al fuero en lo Penal Económico con Marcelo Aguinsky.

Tras un planteo de la defensa durante la feria de enero, la causa recayó en Campana con González Charvay, pero dicha medida fue anulada el 12 de junio por la Cámara en lo Penal Económico, que ordenó radicar el expediente en el juzgado que hoy conduce Straccia. Aunque la Cámara rechazó nuevos intentos de la defensa por bloquear esta radicación, el recurso aceptado por Casación volvió a poner en vilo la jurisdicción del caso.