El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción argumentando que el fuerte incremento de su patrimonio obedece a ganancias millonarias obtenidas operando criptomonedas con fondos no declarados. Esta admisión generó un giro en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, llevando al fiscal Gerardo Pollicita a ordenar nuevas medidas para rastrear el origen real de ese dinero.

Las recientes declaraciones televisivas de Adorni, donde admitió mantener ahorros por fuera del sistema junto a su esposa, Bettina Angeletti, obligaron a la Justicia federal a intensificar el escrutinio sobre sus finanzas. El foco de la investigación, que lleva adelante Pollicita junto al juez Ariel Lijo, se centrará en verificar si los ingresos previos a su etapa como funcionario público justifican los montos de inversión declarados. 

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Tras la presentación de su declaración jurada, se reflotaron los cuestionamientos al funcionario clave del gobierno de Javier Milei. "Se burló en la cara a los 46 millones de argentinos que vivimos en este país", señalaron.

Para esclarecer el panorama patrimonial, la fiscalía avanzará en las siguientes líneas de acción: 

• Revisión del historial laboral: Se investigarán exhaustivamente los últimos 12 años de actividad profesional de Adorni. Además, si la defensa argumenta que los fondos físicos estaban guardados en el domicilio de sus padres, la pesquisa financiera se ampliará al resto de su círculo familiar.
  
• Peritaje económico: Pollicita convocará a los expertos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) para analizar la incorporación y justificación de los US$500.000 totales que el funcionario mencionó tener.
  
• La lupa sobre el entorno: Se solicitará formalmente la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti para cruzar datos, reconstruir el patrimonio conyugal y contrastarlo con lo informado ante los organismos de control.
  
• Rastreo del ecosistema cripto: La Justicia evalúa los mecanismos técnicos y legales más adecuados para verificar la existencia, trazabilidad y los rendimientos reales de las operaciones con Bitcoin que, según el jefe de Gabinete, se realizaron entre 2013 y 2018 (con una inversión inicial de US$200.000 que habría generado US$300.000 de ganancia). 
  

El caso continúa escalando, marcando un claro contraste con la postura inicial del Gobierno frente al tema y sumando complejidad técnica al expediente penal que busca determinar la legalidad del crecimiento patrimonial del funcionario.