La investigación judicial que comenzó como un simple reporte de robo en las instalaciones de la empresa estatal de telecomunicaciones derivó en una compleja trama de supuestos delitos contra la administración pública. El fiscal federal Fernando Domínguez solicitó formalmente la declaración indagatoria de diez personas, entre ellas el ex titular de ARSAT, Facundo Leal, tras detectar irregularidades millonarias, coimas y el hallazgo de equipos de inteligencia en manos de los imputados.

La causa, que instruye el juez Lino Mirabelli, apunta a una serie de contratos de logística, transporte y almacenamiento adjudicados a la firma Argentina Logistic Service (ALS) entre 2020 y 2024. Según el requerimiento fiscal, dichas contrataciones habrían sido direccionadas mediante procedimientos opacos, incluyendo servicios que resultaron innecesarios o que nunca fueron prestados, generando un perjuicio económico directo a las arcas del Estado.

El entramado de corrupción no se limitaría solo a la malversación de fondos. La Justicia investiga una red de beneficios ilícitos en la que, a cambio de las adjudicaciones, los funcionarios habrían recibido dinero en efectivo, pasajes, cargos laborales y otros favores personales. La gravedad del caso escaló tras una serie de allanamientos simultáneos en Mendoza y Buenos Aires, donde el secuestro de material fue determinante para el avance del expediente.

El hallazgo más sorprendente ocurrió durante el registro de una propiedad vinculada a Facundo Leal, donde las fuerzas de seguridad encontraron cientos de miles de dólares en efectivo, estupefacientes y sofisticado equipamiento tecnológico, incluyendo inhibidores de señales, sistemas de rastreo satelital y dispositivos de escucha encubierta. Este descubrimiento no solo complicó la situación del ex funcionario -quien ya permanece detenido por una causa paralela de tenencia de drogas-, sino que abrió una nueva línea de investigación sobre el posible uso de tareas de inteligencia ilícitas.

Además de Leal, el pedido de indagatoria alcanza a otros cuatro ex funcionarios del área -Gerardo Boschin, Pablo Gastón Pagani, Juan Navarro y Juan Álvarez- y a diversos directivos y representantes de la firma ALS. La Justicia busca ahora establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados frente a los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, fraude contra la administración, cohecho y corrupción administrativa.

El expediente, que tuvo su origen en la denuncia por un robo de mercadería, ha puesto a ARSAT bajo un foco crítico, exponiendo un manejo discrecional de los recursos estatales durante la gestión anterior. Mientras los peritos judiciales analizan la abundante documentación y los dispositivos electrónicos incautados, se espera que el juez Mirabelli defina en los próximos días las fechas para las audiencias indagatorias, lo que marcará una etapa decisiva para la resolución de este caso.