El juicio por la causa Cuadernos retomó este miércoles su curso luego de que una falla en el servicio de internet obligara a suspender la audiencia realizada en los tribunales de Comodoro Py. En esta nueva jornada declaró el exministro de Economía Roberto Lavagna, quien dejó definiciones contundentes sobre el manejo de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Ante el Tribunal Oral Federal N°7, Lavagna aseguró que durante los años en que integró el gabinete nacional detectaron indicios de cartelización en las contrataciones viales y sobreprecios significativos en distintas obras financiadas por el Estado.

Durante su exposición, el exfuncionario recordó que ocupó el Ministerio de Economía durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, y explicó detalles sobre la elaboración y ejecución de los presupuestos nacionales entre 2004 y 2006.

Al responder preguntas de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, Lavagna relató que una de las principales preocupaciones surgió a partir de observaciones realizadas por el Banco Mundial, organismo que financiaba importantes proyectos de infraestructura vial en el país.

Según explicó, representantes del organismo internacional manifestaron inquietud por la forma en que se ejecutaban algunos programas y advirtieron sobre la posibilidad de iniciar una investigación propia.

Frente a ese escenario, Lavagna ordenó la realización de un informe interno para analizar el funcionamiento de Vialidad Nacional, área que concentraba buena parte de los recursos destinados a obras de infraestructura.

Los resultados preliminares encendieron las alarmas. De acuerdo con su testimonio, el relevamiento detectó posibles mecanismos de cartelización entre empresas contratistas y diferencias de precios que, en promedio, rondaban el 20% por encima de los valores esperados.

"Había algunos márgenes de sobreprecios del orden del 20%", afirmó el exministro durante su declaración ante los jueces.

A raíz de esas conclusiones, Lavagna sostuvo que solicitó la intervención urgente de los organismos estatales competentes para profundizar la investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas en la adjudicación de contratos públicos.

La declaración del exministro se incorporó al extenso debate oral que busca determinar la existencia de un presunto esquema de corrupción vinculado a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas, una de las causas judiciales de mayor impacto político de las últimas décadas.