En las alturas de Uspallata, donde la cordillera se impone con su silencio mineral, Mendoza acaba de sellar un pacto con el futuro. El proyecto PSJ Cobre Mendocino, impulsado por Minera San Jorge S.A., fue oficialmente incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema nacional que promete beneficios fiscales y cambiarios a quienes apuesten por desarrollos de gran escala. La cifra es contundente: 613 millones de dólares destinados a levantar una mina a cielo abierto y una planta concentradora capaz de procesar 10 millones de toneladas de mineral por año. 

El calendario ya está trazado: junio de 2027 marcará el inicio de la construcción, mientras que la operación comercial se proyecta para enero de 2029. En ese lapso, se espera que la obra movilice hasta 4.000 puestos de trabajo, con un compromiso de destinar al menos un 27% de los gastos a proveedores locales. 

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El gobernador Alfredo Cornejo celebró la aprobación como un paso clave para diversificar la matriz productiva provincial, mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el proyecto posiciona a Mendoza en el mapa de los futuros exportadores de cobre del país. El mineral, considerado estratégico en la transición energética global, será el protagonista de una apuesta que busca conectar la cordillera mendocina con los mercados internacionales. 

Pero no todo es entusiasmo. Las organizaciones sociales y ambientalistas advierten sobre los riesgos de una mina a cielo abierto en una provincia marcada por la escasez hídrica. El debate sobre el uso de sustancias químicas y la posible liberación de metales pesados vuelve a encender las alarmas en un territorio donde la minería metalífera ha sido históricamente resistida. 

Así, Mendoza se encuentra en una encrucijada: entre la promesa de inversión, empleo y desarrollo, y la necesidad de garantizar que el cobre no se convierta en un espejismo que comprometa sus recursos más vitales. La montaña, testigo silencioso, espera el desenlace de esta nueva etapa minera.