El Congreso de la Nación vuelve a tener sobre la mesa uno de los debates bioéticos y legales más complejos: el derecho a decidir sobre el final de la propia vida. El diputado nacional socialista Esteban Paulón, integrante del bloque Provincias Unidas, presentó formalmente un proyecto de ley para legalizar la eutanasia y la muerte asistida en la Argentina, bajo el nombre de "Ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida".

La iniciativa propone reconocer el derecho de toda persona a solicitar y recibir asistencia médica para morir de manera voluntaria. Para ello, el texto establece dos modalidades claramente diferenciadas: la eutanasia (entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud) y la muerte asistida (en la que el propio paciente se autoadministra la medicación provista por el médico).

Según el articulado, este procedimiento pasaría a formar parte del sistema de salud nacional con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, sin el cobro de copagos.

Requisitos estrictos y evaluación interdisciplinaria

Para evitar vacíos legales, la iniciativa fija una serie de condiciones ineludibles para acceder a la práctica. El paciente deberá ser argentino o residente permanente desde hace al menos un año, tener más de 16 años y atravesar una enfermedad grave e incurable -o un padecimiento crónico e imposibilitante- certificado médicamente, que provoque un sufrimiento físico o psíquico "constante e intolerable".

Además, el proceso de solicitud demanda garantías específicas:

• Voluntad manifiesta: La persona debe expresar su decisión de manera libre, consciente e informada, sin presiones externas.
  
• Doble solicitud: Se exigen dos pedidos formales separados por un plazo mínimo de 15 días, con la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento del proceso.
  
• Intervención médica: Participarán un médico responsable, un profesional consultor independiente y un equipo interdisciplinario (psicología/psiquiatría, bioética y cuidados paliativos).
  
• Aval final: Una Comisión de Evaluación y Garantías deberá emitir la autorización definitiva antes de concretar la práctica.
  

El proyecto aclara expresamente que la asistencia para morir se integra como una opción excepcional, obligando al sistema sanitario a garantizar previamente el acceso efectivo a cuidados paliativos.

Objeción de conciencia y cambios en el Código Penal

Uno de los puntos que promete generar mayores fricciones en el recinto es la regulación de la objeción de conciencia. El proyecto reconoce este derecho de forma individual para los médicos y profesionales de la salud, pero prohíbe de manera tajante que las instituciones médicas puedan negarse a realizar el procedimiento amparándose en motivos ideológicos o religiosos.

A nivel jurídico, la ley modificaría el Código Penal para establecer que los profesionales que realicen estas prácticas bajo los requisitos de la ley no serán punibles. Asimismo, incorpora cambios en la Ley de Derechos del Paciente y en el Código Civil y Comercial, permitiendo dejar directivas anticipadas vinculadas a la asistencia médica para morir.

"La obligación estatal de proteger la vida no puede transformarse en una imposición de continuarla contra la voluntad libre y reflexiva de quien la vive", argumentó Paulón en los fundamentos, citando las legislaciones vigentes en países como Países Bajos, Bélgica, Canadá, España y Colombia.

El escenario legislativo: un debate transversal

En diálogo con la prensa, Paulón se mostró optimista respecto a los consensos, asegurando que "hay votos en todos los bloques", aunque reconoció que la Iglesia Católica jugará un rol de fuerte oposición.

Actualmente, en la Argentina existe el derecho al rechazo de tratamientos médicos, pero la eutanasia sigue tipificada como delito. Sin embargo, el terreno legislativo está abonado: en los últimos años ingresaron al menos cinco proyectos similares impulsados por legisladores de distintos espacios, demostrando que es un tema transversal a la grieta partidaria.

Incluso existen propuestas presentadas por aliados del actual Gobierno -como Pablo Juliano (UCR) y Sergio Capozzi (PRO)-, proyectos previos del actual gobernador mendocino Alfredo Cornejo (2021) y del diputado Miguel Ángel Pichetto (2024), sumados a las iniciativas impulsadas desde el bloque de Unión por la Patria. El gran desafío legislativo será lograr unificar los textos para que el debate llegue finalmente al recinto.