En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Cámara de Casación ordenó que la Cámara Penal Económico resuelva qué juez investigará el expediente.
La definición sobre qué juez quedará a cargo de la investigación por la mansión de Pilar atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, volvió a demorarse luego de una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló el fallo que había asignado el expediente al juzgado federal de Campana.
La Sala I del máximo tribunal penal federal resolvió dejar sin efecto la decisión previa de la Cámara Federal de San Martín y dispuso que sea la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la que determine finalmente qué fuero debe intervenir en la causa.
El conflicto enfrenta al juzgado federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay, cercano a la AFA, con el juzgado nacional en lo Penal Económico N°10, a cargo de Marcelo Aguinsky.
El próximo martes se abrirán las propuestas económicas de Jan De Nul y DEME.
Mientras no exista una nueva resolución, el expediente seguirá bajo la órbita de González Charvay. Sin embargo, la discusión sobre la competencia deberá ser resuelta nuevamente por la Cámara Penal Económico, integrada por Roberto Hornos y Carolina Robiglio, a quienes Casación les pidió actuar "con la celeridad que el caso impone".
La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Ángela Ledesma y Javier Carbajo, quienes hicieron lugar al recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal. Ambos sostuvieron que, de acuerdo con las normas procesales y la ley orgánica judicial, correspondía que la Cámara Penal Económico intervenga para resolver el conflicto entre ambos juzgados.
En disidencia votó Mariano Borinsky, quien consideró inadmisible el recurso de casación al entender que las cuestiones de competencia no constituyen sentencias definitivas. El magistrado afirmó además que no se había demostrado un perjuicio concreto ni una afectación al principio del juez natural que justificara la intervención de Casación.
Borinsky también advirtió que anular la resolución y reenviar el expediente a otra Cámara podía generar más demoras en una investigación ya atravesada por discusiones procesales. Según sostuvo, priorizar la nulidad formal por encima de la continuidad del trámite atentaba contra los principios de economía y celeridad judicial.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 1 de diciembre de 2025 por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. Allí se denunció un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de propiedades, vehículos, caballos árabes y otros bienes de alto valor vinculados a dirigentes de la AFA.
El foco principal de la investigación está puesto sobre una quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, cuya propiedad se atribuye a Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia.
Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en mayo de 2024 por un valor declarado de US$ 1,8 millones. Sin embargo, una tasación oficial incorporada a la causa estimó que el valor real de la propiedad podría rondar los US$ 17 millones.
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