La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un nuevo revés judicial a los ocho condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. El tribunal rechazó una serie de recursos de queja presentados por las defensas, que buscaban impugnar las condenas de prisión perpetua y las penas de 15 años dictadas por la justicia de Dolores y confirmadas por Casación. 

La decisión, que lleva las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se fundamentó en una cuestión procesal clave: la falta de una sentencia definitiva firme. Dado que la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires aún debe pronunciarse sobre el fondo del caso, el máximo tribunal nacional consideró que no corresponde su intervención en esta instancia del proceso.

La resolución afecta a la mayoría de los condenados y expone las diferentes estrategias legales que vienen llevando adelante. Por un lado, la defensa de Hugo Tomei, representando a Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Luciano y Ciro Pertossi, intentó llegar directamente a la Corte nacional tras los fallos adversos en la provincia. 

En paralelo, Máximo Thomsen, a través de su abogado Francisco Oneto, también vio rechazado su planteo por no cumplir con los requisitos formales exigidos por el tribunal. Incluso Lucas Pertossi intentó una vía alternativa pidiendo la nulidad de su condena bajo el argumento de haber sido "mal defendido", recurso que tampoco prosperó ante los magistrados.

A la fecha, las penas impuestas el 6 de febrero de 2023 se mantienen vigentes, aunque con una modificación técnica realizada por el Tribunal de Casación bonaerense en marzo de 2024, que ratificó las perpetuas para Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Comelli y Benicelli, pero quitó el agravante de "alevosía". En tanto, Viollaz, Lucas Pertossi y Cinalli conservan su pena de 15 años como partícipes. Con este fallo de la Corte nacional, la causa regresa al ámbito bonaerense, donde se espera la sentencia definitiva de la Corte provincial como paso previo indispensable para que el caso pueda, eventualmente, ser revisado de forma extraordinaria por el máximo tribunal del país.