Una investigación federal sin precedentes sacude los cimientos del fútbol argentino y del poder político en Santiago del Estero, tras el requerimiento de instrucción presentado por el fiscal Pedro Simón. El documento de 181 páginas señala a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, como el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado, maniobra que habría contado con la complicidad de funcionarios provinciales y la cúpula de la entidad madre del fútbol. La causa, que involucra a 25 personas, pone bajo la lupa el desvío de miles de millones de pesos a través de una red de empresas "sello" vinculadas al círculo íntimo del dirigente.

El eje del escándalo es la firma SEGON SRL, la cual recibió más de 1.243 millones de pesos del gobierno santiagueño entre 2024 y 2025 bajo la fachada de servicios de seguridad para el Hospital Ramón Carrillo. La fiscalía detectó que los pagos comenzaron meses antes de que se firmara el decreto de adjudicación y que el dinero rara vez permanecía más de 48 horas en las cuentas bancarias, funcionando como una "cuenta puente" para dificultar la trazabilidad de los fondos. Este crecimiento patrimonial fue calificado como "inconcebible", registrando una suba del 54.000.000% en poco más de una década sin contar con una infraestructura real que lo respalde.

La trama se extiende directamente hacia la AFA, que transfirió más de 1.328 millones de pesos a SEGON durante el último bienio. Al ampliar el foco, el fiscal Simón detectó que el conjunto de empresas del entramado -incluyendo a SOMA, CARBELLO y LINDOR- facturó a la asociación una cifra astronómica de 15.011 millones de pesos y más de 2.600 millones de dólares. Por esta razón, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, fue imputado por haber permitido y convalidado la sustracción de fondos de la entidad, presuntamente sabiendo que las facturas correspondían a servicios nunca prestados por firmas que el fisco nacional ya catalogó como "contribuyentes apócrifos".

El entramado societario revela una unidad de mando que el fiscal atribuye directamente a Toviggino, aunque su nombre no figure siempre en los registros. La empresa SOMA SRL, controlada por su hermano Darío Toviggino y su pareja María Florencia Sartirana (ex encargada de finanzas de la AFA), funciona como la sociedad madre que absorbió a SEGON en 2025. SOMA también replicó el patrón de crecimiento agresivo, adquiriendo activos de lujo que incluyen una aeronave con la matrícula LV-FUT, un Audi Q8 y varios vehículos BMW, bienes que no condicen con la actividad declarada de estas pequeñas y medianas empresas.

La investigación también resalta la irregularidad en el objeto social de estas firmas, que pasaron de ofrecer servicios de seguridad y hoteles a rubros tan dispares como pompas fúnebres, explotación de canteras y peluquería en apenas meses. Además, el Banco Central instruyó un sumario contra Toviggino por no liquidar divisas durante su gestión, una infracción cuantificada en más de 54 millones de dólares y 80 millones de euros. Para el fiscal Simón, la rotación de socios y la creación de gastos ficticios prueban la existencia de una estructura profesionalizada para el movimiento circular de dinero negro.

El pedido de instrucción alcanza a 25 imputados y solicita la apertura de una causa por lavado de activos agravado y asociación ilícita, delitos que conllevan una pena mínima de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo. En una movida de alto impacto político, el fiscal también solicitó que el juez federal Sebastián Argibay se aparte de la causa, sugiriendo la necesidad de garantizar la imparcialidad ante las sospechas de protección por parte del poder político local encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, quien también es señalado por el presunto desvío de recursos provinciales.

Con el reloj en marcha y la lupa internacional puesta sobre la gestión de la AFA, el caso se perfila como el mayor desafío judicial para la conducción actual del fútbol nacional. Mientras la justicia intenta desarmar el rompecabezas de las "empresas fantasma", el impacto de las pruebas recolectadas amenaza con quebrar el esquema de poder que Toviggino y Tapia han consolidado en los últimos años. La resolución de este expediente marcará un antes y un después en la transparencia de las instituciones deportivas y el manejo de los fondos públicos en el interior del país.