En su ampliación de indagatoria, el médico procesado aseguró que las jeringas encontradas en su domicilio eran para el tratamiento oncológico de su perro y que no poseía el equipo necesario para suministrar los fármacos.
La investigación por el desvío de medicamentos de uso estrictamente hospitalario sumó un nuevo capítulo tras la reciente declaración indagatoria de Hernán Boveri. El anestesiólogo del Hospital Italiano, procesado por administración fraudulenta, negó rotundamente haber sustraído sustancias como fentanilo o propofol de la institución. Según su testimonio, los elementos incautados en su departamento durante los allanamientos del pasado 13 de marzo no tenían como fin el consumo humano ni el tráfico ilegal.
Boveri centró su defensa en el origen de los insumos secuestrados, entre los que se observaron jeringas de diversos tamaños, ampollas y cajas médicas. El profesional aseguró que las jeringas fueron adquiridas en una farmacia para tratar una enfermedad oncológica que padecía su mascota. Asimismo, argumentó que parte del material encontrado ya estaba vencido y que, en caso de haber querido utilizarlos, carecía en su domicilio del equipamiento técnico indispensable para su administración.
El médico también justificó la presencia de otras muestras en su hogar como parte de su historial académico y las capacitaciones permanentes que realizaba. En este contexto, Boveri reconoció su vínculo personal con Delfina "Fini" Lanusse, quien fuera residente de anestesiología en el mismo hospital y también se encuentra procesada en la causa. No obstante, ambos negaron cualquier participación en un circuito de robo o distribución de drogas para consumo personal.
El expediente busca desentrañar cómo estos fármacos, cuya trazabilidad debe ser rigurosa, terminaron fuera del circuito legal. La causa se inició en febrero de 2026, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del anestesiólogo Alejandro Zalazar. La autopsia de Zalazar confirmó una sobredosis de propofol y fentanilo, y el rastreo de los lotes de dichos medicamentos condujo directamente al Hospital Italiano, donde se desempeñaban los actuales imputados.
Como parte de las medidas de prueba, la Justicia ordenó el peritaje del teléfono celular de Boveri, quien facilitó voluntariamente sus claves de acceso. La instrucción intenta determinar si existe una conexión directa entre los insumos hallados en el departamento del médico y la bomba de infusión encontrada junto al cuerpo de Zalazar. Aunque la muerte de este último se tramita en un expediente por separado, los puntos de contacto entre ambos casos son el eje de la investigación actual.
Hasta el momento, tanto Boveri como Lanusse permanecen procesados sin prisión preventiva, aunque enfrentan embargos millonarios de 70 y 30 millones de pesos, respectivamente. El Hospital Italiano, por su parte, ya ha desvinculado a ambos profesionales tras iniciar un sumario interno y radicar la denuncia penal correspondiente ante la sospecha de maniobras fraudulentas con el stock de farmacia.
La causa continúa en etapa de instrucción a la espera de pericias complementarias. Los investigadores se enfocan ahora en el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados y en el cruce de datos de los registros de salida de medicación del hospital para confirmar si el relato de Boveri sobre el origen de los insumos coincide con la evidencia documental disponible.