Un grupo de periodistas con acreditación permanente en la Casa Rosada no pudo ingresar este lunes a la sede del Poder Ejecutivo, en una medida que el Gobierno encuadró como "preventiva" hasta que se esclarezca la supuesta participación de sus medios en una campaña de espionaje ruso contra la administración de Javier Milei. Según reconstruyeron LA NACION y TN, en la entrada de Balcarce 50 personal de seguridad chequeó nombres y les comunicó a varios cronistas que ya no estaban habilitados para pasar.

Desde fuentes oficiales señalaron que la decisión no apunta contra los periodistas en forma personal, sino contra los medios "involucrados", y anticiparon que comenzarán a citar a directivos de esas empresas periodísticas para que den explicaciones. En ese marco, voceros del oficialismo incluso deslizaron que, si se comprobara una injerencia extranjera, podrían impulsar denuncias judiciales por figuras graves como traición a la patria.

La medida se apoya en la investigación difundida la semana pasada por un consorcio internacional de medios, entre ellos openDemocracy, que reportó que un grupo ruso llamado "La Compañía" habría financiado al menos 250 artículos en más de 20 medios digitales argentinos entre junio y octubre de 2024, con pagos por al menos US$ 283.100. El informe también señaló que muchos textos aparecieron sin firma o con identidades falsas, aunque varios de los medios mencionados negaron haber cobrado dinero o conocer el origen real de esos contenidos.

Entre los periodistas afectados, según publicaron medios nacionales, hubo cronistas de portales y señales que no habían sido notificados previamente sobre la restricción ni recibieron precisiones sobre cuánto tiempo se extenderá. Uno de los puntos que más controversia abrió fue, justamente, la falta de una comunicación formal previa y la utilización de un criterio que, por ahora, el Gobierno no detalló públicamente en toda su extensión.

El episodio abrió una nueva disputa entre la Casa Rosada y la prensa en un contexto ya tenso por la denuncia sobre la presunta operación rusa. Mientras el Gobierno sostiene que actúa por razones de seguridad nacional, la investigación periodística que originó la polémica también dejó asentado que la Justicia argentina analiza el caso y que la embajada rusa rechazó las acusaciones, a las que calificó como infundadas y motivadas ideológicamente.