El megaprocesamiento firmado por el juez Sebastián Casanello incorporó un dato determinante para la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): la auditoría interna que el Gobierno había anunciado tras el escándalo, pero que hasta ahora no había presentado formalmente ante la Justicia.

El informe -finalmente adjuntado al expediente- fue central para procesar al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y a otros exfuncionarios por el supuesto pago de coimas en la compra de insumos y medicamentos destinados a personas con discapacidad.

La auditoría fue ordenada por el interventor Alejandro Vilches luego de la difusión de audios de Spagnuolo y abarcó el período diciembre de 2023 a agosto de 2025. Detectó ausencia de un sistema integral para Incluir Salud, irregularidades en compras, falencias documentales, falta de manuales, debilidades en controles y problemas de trazabilidad de la información.

Según el documento, esas fallas fueron aprovechadas para "beneficiar económicamente a actores privados privilegiados" en perjuicio del Estado y de un servicio público orientado a un sector "de alta vulnerabilidad". Además, concluyó que las decisiones investigadas fueron tomadas "de modo absolutamente consciente" por personas "experimentadas", complicando también a otros exfuncionarios.

La reconstrucción de los hechos describe un esquema de contratación opaco: prestadores incorporados de manera arbitraria, criterios de invitación ocultos, falta de registro de antecedentes y omisión de datos clave sobre capacidad operativa y precios razonables. También señala ausencia de contratos y mecanismos de control o rendición de cuentas.

Otro hallazgo relevante fue la existencia de un registro paralelo de proveedores, calificado como informal y opaco, con invitaciones a empresas sin inscripción o con registros incompletos en el sistema oficial. La causa también apunta que las compras simulaban neutralidad mediante software, pero que la manipulación se sostenía por canales informales como WhatsApp y Telegram, hasta que tras el escándalo las directivas empezaron a circular por mails oficiales.