Tras la finalización de la feria judicial de verano, este martes se reanudó el juicio oral por la causa conocida como Cuadernos de las Coimas, en la que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita destinada al cobro de sobornos. La audiencia se inició con el tratamiento de las cuestiones preliminares, instancia en la que las defensas pueden formular planteos antes de avanzar con el debate de fondo.

El proceso está a cargo del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con la intervención de la fiscal general Fabiana León. El primero en exponer fue el abogado defensor de la ex mandataria, Carlos Beraldi, quien solicitó la nulidad total del expediente.

Durante su presentación, Beraldi sostuvo que la causa se apoyó en un sistema irregular de declaraciones de imputados colaboradores, al que calificó como una "estafa de los arrepentidos". Según afirmó, las confesiones habrían sido obtenidas bajo presión, lo que afectaría su validez probatoria. Además, cuestionó los cuadernos atribuidos al ex chofer Oscar Centeno, al señalar presuntas inconsistencias, modificaciones y faltantes en el material incorporado a la investigación.

La defensa también argumentó que Cristina Kirchner ya fue absuelta del delito de asociación ilícita en la causa Vialidad, por lo que consideró que no debería volver a ser juzgada por esa misma figura penal. En paralelo, Beraldi cuestionó la actuación del fiscal Carlos Stornelli y sostuvo que el expediente habría sido direccionado desde su origen.

Según el cronograma fijado por el tribunal, las 29 defensas tendrán un plazo de 45 minutos cada una para exponer sus planteos preliminares antes de que el juicio avance hacia la etapa probatoria.

En la causa también están imputados exfuncionarios como Julio De Vido y José López, además de más de medio centenar de empresarios, varios de los cuales reconocieron haber pagado sobornos. La investigación se centra en presuntas maniobras de recaudación ilegal vinculadas a la adjudicación de obras públicas y contratos en los sectores de transporte, energía y construcción entre 2003 y 2015.

El juicio comenzó en noviembre pasado con la lectura del requerimiento de elevación a juicio, en el que se formularon acusaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de dádivas. En el banquillo de los acusados se encuentran actualmente la ex presidenta, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos exchoferes, señalados como presuntos integrantes de una estructura destinada a recaudar fondos ilegales a cambio de la asignación de contratos estatales.