En busca de la verdad
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Para Stornelli, el supuesto objetivo de esta asociación ilícita era evidente: recolectar coimas, con una suerte de club de reparto de proyectos con dinero público, que garantizaba retornos al Poder Ejecutivo de entre un 3 y un 20 por ciento.
La maratónica lectura de las acusaciones en el juicio por los cuadernos de las coimas llega a su recta final. En la audiencia número doce -luego de recitar más de 1300 de imputaciones contra los 86 acusados encabezados por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta y empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra- el Tribunal Oral Federal N°7 continuará la acusación del caso de cartelización de la obra pública descubierto a partir del análisis de los diarios del chofer Oscar Centeno.
Este expediente -una de tres causas paralelas formadas junto a la principal, todas ellas investigadas y con sus elevaciones a juicio requeridas por el fiscal Carlos Stornelli- se centra en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como "La Camarita" en Comodoro Py, con imputados clave como el financista Ernesto Clarens, acusado de organizar el dinero de las coimas junto al empresario Carlos Wagner, un referente en la industria de la obra púbica. CFK, De Vido y López, ex secretario de Obras Públicas, son los principales acusados políticos. Roberto Baratta, por ejemplo, no es parte de este expediente.
Para Stornelli, el supuesto objetivo de esta asociación ilícita era evidente: recolectar coimas, con una suerte de club de reparto de proyectos con dinero público, que garantizaba retornos al Poder Ejecutivo de entre un 3 y un 20 por ciento. Las confesiones de Clarens, López y varios empresarios fueron cruciales para sustentar la acusación, representada en el proceso por la fiscal Fabiana León. De Vido fue, según la fiscalía, "el máximo responsable de concretar el sistema".
La audiencia previa estuvo marcada por datos notables quie reflejaron los privilegios a los que accedían los empresarios que abonaron los supuestos sobornos. Calcaterra, parte de IECSA, primo de Mauricio Macri, arrepentido en la causa durante la presidencia de Macri mismo, recibió una adjudicación de 23 obras en el período investigado por "un monto total de $2.899.552.917,97?, de acuerdo a la acusación de Stornelli, de cara a los $3,5 millones que supuestamente pagó en sobornos.
Roggio, ex presidente de la firma Benito Roggio e Hijos, está acusado de realizar once pagos espurios entre junio de 2009 y septiembre de 2010 por $5,9 millones. La Dirección Nacional de Vialidad, según el Ministerio Público Fiscal, le adjudicó 22 obras por más $3300 millones.
La acusación de la UIF en el caso de "La Camarita": la planilla para De Vido y CFK
Luego, continuó la acusación de la UIF en el caso de "La Camarita" que habló de una "organización criminal" comandada por las "máximas autoridades" para "enriquecerse ilegalmente" y usar esos fondos para "la comisión de otros delitos" con funcionarios que "se aprovecharon de sus cargos", aseguró el organismo encabezado por el fiscal Paul Starc y representado en el juicio por Mariano Galpern, director de litigios penales.
"La prueba recolectada puso sobre la mesa la existencia de varios sistemas de recaudación" enfocado en obra pública, corredores viales y energía y transporte. El dinero, recolectado entre 2003 y 2015, terminaba en la residencia de los Kirchner en Recoleta, en la Quinta de Olivos o en la Casa Rosada misma.
Sandro Férgola y Sergio Passacantando, funcionarios del Ministerio de Planificación, fueron señalados por la UIF como acusados clave en el esquema y como colaboradores de Clarens, que citaba a los empresarios a que envíen a sus couriers para entregar el correspondiente sobre en sus oficinas porteñas. Luego, la plata viajaba hacia Héctor Daniel Muñoz; el secretario de Néstor Kirchner, fallecido en 2016, la recibía en una habitación del Hotel Panamericano. Los empresarios más cercanos al poder, en cambio, le pagaban directamente a López.
La lista de empresarios del fiscal Stornelli también fue ratificada por la querella. Diversos testimonios apuntaron a "una planilla" de empresas beneficiarias que llegaba directamente a 
Mariano Galpern, director de litigios penales de la UIF, y Paul Starc, titular del organismo
Acusan a CFK, De Vido y López de cobrar 175 coimas
La imputación cierra la lectura del pedido de elevación a juicio del caso de cartelización de obra pública. La misma imputación alcanza a Ernesto Clarens, como parte de la asociación ilícita comandada desde el Poder Ejecutivo.
Roggio deberá responder, según la fiscalía, por cuatro sobornos. Ángelo Calcaterra, por otros once.
Poco después de las 11:20, el Tribunal dictó un cuarto intermedio para continuar con la lectura de la acusación de la querella de la Unidad de Información Financiera en este punto.
El titular del organismo, Daniel Vítolo, afirmó que podrían designar a un veedor para analizar la documentación. "Si no nos dejan entrar, lo haremos con la fuerza pública", le dijo a TN.
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