En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) dispuso la medida para cubrir la pena impuesta por el delito. La suma dineraria que se busca decomisar asciende actualmente a más de $684 mil millones de pesos.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2) ordenó formalmente el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del empresario Lázaro Báez, en el marco de la Causa Vialidad.
La medida se realiza a los fines de "satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito" impuesta en la sentencia. La suma dineraria que se busca recuperar, según la actualización de peritos, asciende a$684.990.350.139,86.
La decisión del TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se tomó luego de que venciera el plazo de 10 días hábiles para que los condenados depositaran el monto solidario determinado por la sentencia. El fiscal Diego Luciani había urgido la ejecución al afirmar: "El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar... hay que ir por los bienes".
La orden de decomiso incluye inmuebles pertenecientes a las empresas involucradas en el fraude de las licitaciones viales: Austral Construcciones S.A, Kank y Costilla S.A, Gotti Hnos. S.A, y Loscalzo y Del Curto S.R.L. Las propiedades en cuestión fueron adquiridas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, fechas que la Justicia considera relevantes para la maniobra delictiva investigada.
El Tribunal Oral Federal 2 avanzó con el decomiso de propiedades y activos de la familia Kirchner para cubrir la pena actualizada de $684.990 millones de pesos. La medida afecta a inmuebles en Río Gallegos y a terrenos donde se construyeron hoteles como Los Sauces y Las Dunas.
La medida también se extiende a otros condenados en la causa, como Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López, Mauricio Collareda, Raúl Gilberto Pavesi y Raúl Osvaldo Daruich.
El TOF 2 justificó el decomiso al sostener que la medida busca impedir que el delito rinda beneficios y cumple con la "política pública de recuperación de activos de la corrupción", con una función reparadora del daño social.
El fallo alcanza específicamente a propiedades de personas no condenadas en la causa, como Máximo y Florencia Kirchner, ya que la ley permite el decomiso sobre terceros que hubieren recibido el provecho del delito a título gratuito.
.jpg)
