En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno busca suspender la ejecución del fallo de la jueza Preska que obliga a entregar acciones de la petrolera como parte del pago de la sentencia por US$16.000 millones. La Corte de Apelaciones aún debe definir si acepta el pedido o habilita el embargo.
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Argentina presentó ante la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York un descargo fundamental en el intento por frenar la transferencia de acciones de YPF ordenada por la jueza Loretta Preska, en el marco del millonario juicio por la expropiación de la petrolera en 2012. El país busca evitar lo que considera un "daño irreparable" y ya anticipó que, de ser rechazado su planteo, apelará de forma urgente ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
La definición de la Cámara es clave: si acepta la posición argentina, suspenderá la ejecución del fallo (con o sin garantía alternativa); si la rechaza, habilitará el traspaso de acciones y podría colocar al país en una situación de desacato con serias consecuencias financieras. Por el momento, la Corte debe determinar qué sala revisará el caso, sin plazos establecidos, aunque se espera una resolución sin demoras excesivas.
Según el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, existen tres posibles escenarios: que la Cámara permita apelar sin entregar acciones pero exigiendo una garantía; que suspenda completamente el fallo de Preska; o que rechace el pedido argentino, lo que abriría un frente judicial y económico de alto riesgo.
En paralelo, el fondo demandante Burford Capital -que adquirió los derechos del grupo Petersen para litigar contra la Argentina- también presentó su posición, en la que dejó en claro que no busca quedarse con las acciones de YPF, pero exige que se imponga una garantía para avanzar con la apelación.
Por la supuesta venta de información a los fondos buitre hubo despidos de funcionarios de la Procuración del Tesoro.
El trasfondo del caso se remonta a septiembre de 2023, cuando Preska falló en contra de Argentina por US$16.100 millones, tras considerar que el país violó el estatuto de YPF al expropiar las acciones de Repsol sin ofrecer un trato similar a otros accionistas, como el grupo Petersen. La falta de resolución del conflicto desde entonces incrementó la presión judicial y financiera sobre el país, que enfrenta múltiples pedidos de embargo sobre activos en el exterior.
El gobierno argentino recibió respaldo en su postura por parte del gobierno de Estados Unidos, que bajo la administración de Donald Trump se presentó como amicus curiae para apoyar el rechazo a la entrega de acciones. Burford, sin embargo, se opone a esa intervención.
Mientras tanto, el futuro inmediato dependerá de lo que resuelva la Corte de Apelaciones. Para Argentina, el objetivo es evitar la ejecución anticipada de una sentencia aún en revisión y proteger los activos estratégicos de su principal empresa energética.
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