Luego del fallo emitido por la jueza estadounidense Loretta Preska, que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en el marco de un juicio por la expropiación de la petrolera en 2012, legisladores nacionales presentaron iniciativas para ratificar la inmunidad soberana establecida en la Ley 26.741. La decisión judicial desató una ola de rechazos y reavivó el debate sobre la soberanía energética y las consecuencias económicas de la estatización.

El senador radical Maximiliano Abad, acompañado por Pablo Blanco, presentó un proyecto para que el Senado ratifique el artículo 10 de dicha ley, el cual impide cualquier transferencia de acciones sin aprobación legislativa con mayoría calificada. "Ninguna corte extranjera puede obligar a la Argentina a actuar contra su Constitución y sus leyes", afirmó Abad, quien calificó al fallo como "jurídicamente improcedente y políticamente inaceptable".

Abad consideró que el litigio no es solo un problema legal, sino "un capítulo más en la historia de la lucha por la soberanía de nuestros recursos". En el mismo sentido, la senadora rionegrina Mónica Silva presentó un proyecto de resolución con un "enérgico repudio" al fallo, al que consideró "altamente agraviante para el derecho internacional".

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El economista advirtió que el país necesita darle mayor prioridad a una negociación porque el perjuicio económico crece de manera acelerada. "Cada día que pasa son 3 millones de dólares en intereses", alertó.

La tensión por el tema también escaló a la Cámara de Diputados, donde el legislador Miguel Ángel Pichetto respaldó la iniciativa de Abad y recordó que cualquier decisión sobre las acciones de YPF "requiere una ley del Congreso votada por dos tercios". Pichetto también reivindicó la expropiación de 2012, señalando que se debió a la "desinversión de Repsol" y a la necesidad estratégica del país, con Vaca Muerta como emblema del potencial energético.

No obstante, desde el PRO, el diputado Damián Arabia arremetió contra Axel Kicillof, entonces ministro de Economía y actual gobernador bonaerense, a quien acusó de haber impulsado "una de las estafas más grandes del país". Patricia Vásquez, también del PRO, criticó al mandatario por su "conducta esquizofrénica" al no asumir responsabilidad sobre la estatización.

Las declaraciones provocaron un fuerte cruce en el recinto entre oficialistas y opositores, sumando un nuevo capítulo al creciente clima de polarización política.

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Los planes de la petrolera apuntan a un crecimiento de sus ingresos, por lo que los analistas se mantienen optimistas. Sin embargo, la disputa judicial puede perjudicar la imagen internacional de la Argentina.

Desde el Frente de Izquierda, Christian Castillo repudió el fallo de Preska como un "acto de injerencia colonial absolutamente inadmisible" y lo vinculó con una larga tradición de intervencionismo judicial extranjero sobre decisiones soberanas argentinas.

Mientras el Congreso busca defender su potestad constitucional frente a decisiones judiciales internacionales, la causa YPF vuelve al centro del debate público como símbolo de la tensión entre soberanía nacional, obligaciones financieras y disputas políticas internas.