La expresidenta pidió que se le permita recibir visitas sin autorización judicial y advirtió que podría acudir a la Corte Suprema y a organismos internacionales.
Cristina Fernández de Kirchner reclamó públicamente este viernes que se le permita recibir visitas sin autorización judicial previa en su departamento del barrio porteño de Recoleta, donde cumple prisión domiciliaria tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. La exmandataria denunció que el Tribunal Oral Federal N.º 2, a cargo de supervisar su cumplimiento de la condena, le impone un "régimen de exclusión totalmente arbitrario" que limita su derecho a mantener relaciones personales más allá de su círculo íntimo.
"El Tribunal tuvo que aclarar que puedo salir al balcón de mi casa", escribió en sus redes sociales, criticando las condiciones establecidas para sus movimientos y contactos. Según la disposición actual, solo pueden visitarla sus familiares directos, abogados, médicos y custodios, siempre que estén previamente autorizados y registrados.
Cristina cuestionó que sus amigos, compañeros o allegados deban solicitar autorización judicial cada vez que quieran visitarla, lo que, según ella, constituye una violación a sus "más elementales derechos civiles".
Sus abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentaron este viernes un escrito ante el tribunal solicitando la revocación de la medida, advirtiendo que, de no obtener una respuesta favorable, podrían recurrir mediante recurso de casación, apelar ante la Corte Suprema de Justicia y eventualmente acudir a organismos internacionales de derechos humanos.
La expresidenta recibiría un llamado de atención por parte del Tribunal Oral Federal 2 luego de que la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, estuviera en su departamento sin autorización. Sería la primera advertencia a solo 48 horas de haber recibido el beneficio.
"La medida impugnada genera un agravio actual, concreto y específico para nuestra parte", señalaron los letrados. En el escrito, citaron el artículo 19 de la Constitución Nacional y jurisprudencia de la propia Corte Suprema para afirmar que la prisión domiciliaria no implica la suspensión de derechos que no estén expresamente restringidos por la pena.
"Las personas que cumplen una condena gozan de la totalidad de los derechos constitucionales cuya restricción no se deriva en forma necesaria de la pena impuesta", expresaron en el documento.
La exvicepresidenta también ironizó sobre lo que considera un trato judicial diferenciado: "¿Habrá una Constitución y Códigos Penales y Procesales especiales, redactados únicamente para mí y que nunca me enseñaron en la facultad?", escribió en un mensaje donde volvió a apuntar contra el Poder Judicial, al que acusa de haber actuado con motivaciones políticas en su contra.
Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada por administración fraudulenta agravada en perjuicio del Estado por irregularidades en la obra pública adjudicada al empresario Lázaro Báez durante su gobierno. La pena incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque todavía no está firme y debe ser revisada por la Corte Suprema.
El nuevo reclamo por las restricciones impuestas a su régimen de visitas pone nuevamente en foco el tratamiento judicial de las condiciones de cumplimiento de penas en el país, especialmente en casos de alto perfil político.