Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Gobierno nacional redobló su ofensiva contra exfuncionarios del kirchnerismo. Esta vez, la mira está puesta en el exvicepresidente Amado Boudou, a quien le reclaman la devolución de $236.066.031,25, más intereses, correspondientes a su jubilación de privilegio revocada en 2023.

La presentación judicial fue realizada de manera conjunta por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), bajo la gestión de Mariano de los Heros. En el documento, las autoridades sostienen que el cobro del beneficio por parte de Boudou resulta incompatible con su condena firme por delitos contra la administración pública.

La demanda oficial se basa en que las jubilaciones de privilegio están concebidas como una retribución excepcional por el honor, mérito y desempeño en el cargo. En ese sentido, desde ANSES remarcaron: "La percepción de un beneficio otorgado en razón del honor, mérito y buen desempeño en el cargo no se sostiene respecto de quien se encuentra condenado por delitos contra la administración pública".

Y agregaron: "Su otorgamiento constituye un acto de ilegitimidad y nulidad absoluta, por atentar contra los principios fundamentales del sistema republicano y democrático de gobierno contenidos en la Constitución Nacional".

Cristina Kirchner desafía su inhabilitación y activa la resistencia del kirchnerismo

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Pese al fallo de la Corte Suprema que la condena a seis años de prisión y la inhabilita de forma perpetua para ejercer cargos públicos, la expresidenta mantiene el control del PJ y lanza una movilización nacional con el lema "Liberen a Cristina".

En noviembre pasado, ANSES había resuelto dar de baja la asignación mensual vitalicia de Boudou. El exvicepresidente presentó un recurso de reconsideración, pero la administración actual avanzó con el reclamo formal para recuperar los fondos ya percibidos.

Amado Boudou fue condenado a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de la causa Ciccone, donde se investigó la compra irregular de la imprenta de papel moneda por parte de allegados al exfuncionario.

La condena quedó firme en 2021, aunque Boudou fue liberado bajo un régimen de prisión domiciliaria. Pese a la inhabilitación judicial, tramitó y accedió a la jubilación de privilegio como exvicepresidente, beneficio que ahora el Gobierno considera ilegítimo y contrario al interés público.