El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo institucional del Hospital Garrahan. La causa se inició tras una denuncia presentada por las legisladoras Elisa Carrió y Marcela Campagnoli.

Según la presentación, Lugones habría exigido en octubre de 2024 la renuncia de todo el Consejo Directivo del hospital, una decisión que, de acuerdo con las denunciantes, fue tomada "de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente", y con el consentimiento de sus superiores.

El conflicto se originó luego de que el Consejo Directivo aprobara la entrega de un bono al personal del hospital. Las legisladoras afirman que dicha medida fue adoptada sin consultar previamente con el Ministerio de Salud, aunque se trataría de una decisión dentro de las atribuciones del consejo y financiada con un fondo propio, ajeno a la pauta salarial centralizada.

La denuncia señala que el pago del bono no violaba ninguna norma, ya que no formaba parte de la paritaria nacional, sino que respondía a una herramienta administrativa interna. "Esa suma no correspondería a la pauta salarial, la cual se negocia en conjunto con el resto de los organismos y hospitales que dependen de la cartera de salud nacional", sostiene el texto.

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Argentina

Los médicos explicaron que no hubo una propuesta por parte de autoridades del hospital ni del Ministerio de Salud, pese a lo que se anunció.

Para Carrió, el accionar del ministro "responde a un encono personal" y a una estrategia para evitar un efecto contagio en otros hospitales públicos, en un contexto de recorte presupuestario en salud.

"El único motivo por el cual fue tomada esta decisión es evitar reclamos similares en otras instituciones. El Gobierno busca disciplinar a las autoridades hospitalarias que actúan de manera independiente", afirmó la líder de la Coalición Cívica.

En ese marco, la denuncia advierte que el pedido de renuncia al consejo constituye un intento de amedrentar a las autoridades administrativas, obligándolas a someterse al criterio del Ministerio de Salud, "aun en detrimento de la normativa vigente".

Como parte de la investigación preliminar, el fiscal Marijuan solicitó al Hospital Garrahan que, en el plazo de cinco días, entregue en formato digital el organigrama completo, con los cargos, funciones y dependencias de cada autoridad. También requirió un informe detallado sobre la composición del Consejo de Administración antes y después de octubre de 2024, con los datos personales y laborales de todos sus miembros.