El Gobierno nacional confirmó que apelará la decisión judicial que suspendió dos artículos clave del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, el cual buscaba establecer límites al derecho a huelga mediante modificaciones al régimen laboral.

La medida judicial fue dispuesta por la jueza Moira Fullana, del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 3, quien hizo lugar al amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). En su fallo, la magistrada cuestionó la constitucionalidad del decreto por "violar el principio republicano de división de poderes y el derecho a la libertad sindical".

Los artículos 2 y 3 del DNU fueron los alcanzados por la suspensión. El artículo 3 establecía que servicios esenciales debían garantizar al menos un 75% de cobertura durante las huelgas, mientras que en el caso de actividades trascendentales, se exigía una cobertura mínima del 50%.

Desde la Casa Rosada señalaron que la apelación ya está en marcha, aunque relativizaron el impacto del fallo. "Esto no modifica nada en la práctica, porque sigue vigente la cautelar de la Sala de Feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que ya frenó la aplicación del Título IV 'Trabajo' del DNU 70/23", indicaron fuentes oficiales. Ese mega DNU fue firmado por el presidente Javier Milei al asumir su mandato y ya contenía disposiciones que restringían el derecho a huelga.

Fallo judicial en debate: ¿error o ventaja para el Gobierno sobre el derecho a huelga?

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"El fallo fue un intento de colar los artículos bajo un decreto con un título confuso: 'Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional'", explicó un abogado laboralista, en referencia a lo que consideró una maniobra del Ejecutivo para evitar el debate legislativo.

A pesar del revés judicial, desde el oficialismo aseguraron que insistirán con la medida. "Era previsible, sabíamos que la Justicia iba a actuar así", indicó un funcionario del Gobierno.

Sin embargo, especialistas en derecho constitucional afirman que no existen otros mecanismos legales para aplicar las medidas suspendidas, más allá de enviar un proyecto de ley al Congreso y obtener el respaldo parlamentario necesario.

En su fallo, la jueza Fullana remarcó que no se daban las "circunstancias excepcionales" que habiliten al Poder Ejecutivo a dictar un DNU con contenido legislativo, tal como lo exige la Constitución Nacional.

Mientras tanto, el futuro de la reforma laboral vía decreto queda nuevamente en suspenso, en un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios.