Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con medidas para incentivar el uso de los dólares no declarados, parte del equipo económico trabaja de manera reservada en nuevas estrategias para profundizar el ajuste del gasto público, en línea con lo que el oficialismo denomina el "avance de la motosierra".

Una de las principales iniciativas en análisis proviene de la Secretaría de Energía, que proyecta ampliar la quita de subsidios a las tarifas de luz y gas, enfocándose ahora en los usuarios que residen en countries y barrios cerrados de todo el país. La medida extendería a nivel nacional una disposición que ya fue aplicada a más de 15.500 usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tal como había anticipado el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Según fuentes oficiales, la Secretaría de Energía se ampara en una resolución que habilita el uso de criterios de exclusión por georreferencia. En términos simples, esto le permite retirar los subsidios a quienes viven en zonas consideradas de alto poder adquisitivo. "Se entiende que lo pueden pagar", justifican en los despachos oficiales. Estos usuarios serán reclasificados en el segmento N1, que paga tarifa plena, a diferencia de los segmentos N2 y N3, que reciben subsidios del 65% y 55%, respectivamente.

Otra modificación relevante alcanza al Régimen de Zona Fría. A partir de ahora, quienes cuenten con más de un medidor solo accederán a un descuento del 30% sobre la tarifa, en vez del 50% que se mantiene para los usuarios vulnerables con un único suministro. La decisión fue tomada tras detectar que 137.975 beneficiarios tenían registrado el beneficio en más de un domicilio.

Paralelamente, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, acelera los planes para la reestructuración de organismos públicos. La propuesta contempla la disolución o fusión de al menos 40 entidades estatales, en una movida que afectaría a áreas clave como Producción, Salud y Economía.

Según datos oficiales, 111 organismos concentran casi la mitad del total de empleados públicos de la administración nacional. En los últimos días, el área de Desregulación ya avanzó en la fusión de institutos dependientes de la Secretaría de Cultura, y prepara nuevas medidas en la misma línea.

Estas acciones forman parte de una política de fuerte ajuste fiscal que busca reducir el déficit, en sintonía con los compromisos asumidos por el gobierno de Milei frente a organismos internacionales y en su cruzada por achicar el tamaño del Estado.