El titular del organismo explicó el impacto que tendría la derogación de la Ley 25.849, iniciativa impulsada por un legislador porteño, que propone eliminar el organismo
Entrevistado en el programa La Verdad al Aire, en MNews Radio, El Observador Mendoza 106.1, Carlos Fiochetta, Gerente de la Coviar explicó el impacto que tendría la derogación de la Ley 25.849, iniciativa impulsada por un legislador porteño, que propone eliminar el organismo. "La COVIAR fue creada para definir y ejecutar el Plan Estratégico Vitivinícola, orientado al crecimiento del sector en todo el país", manifestó.
Actualmente, la vitivinicultura argentina se desarrolla en 18 provincias, gracias a políticas de federalización que promovieron la participación de todas las zonas productivas.
Fiochetta destacó que eliminar la COVIAR representaría un retroceso de 40 años en términos de representatividad, centralizando decisiones en zonas de distribución y comercialización, lejos de los verdaderos actores de la producción: los productores, bodegas y elaboradores de vino. Hasta el momento, 33 entidades nacionales ya manifestaron su rechazo al proyecto de derogación.
Entre los logros más importantes de la COVIAR se destacan la promoción del vino argentino en el exterior, la creación del Día Mundial del Malbec, la declaración del vino argentino como Bebida Nacional, la implementación del programa Proviar -que destinó 80 millones de dólares a pequeños y medianos productores- y la reducción de impuestos a espumantes. Además, financia el Observatorio Vitivinícola y sostiene 14 Centros de Desarrollo Vitícola que brindan herramientas tecnológicas a los productores en todo el país.
Fiochetta subrayó que la COVIAR es una entidad mixta, sin fines de lucro, que maneja una estructura administrativa muy reducida -menos del 3% del presupuesto- y transfiere la mayoría de sus fondos a unidades ejecutoras como Wine of Argentina, el INTA y otros organismos que impulsan proyectos estratégicos para el sector.
La posible eliminación de la COVIAR generaría un vacío institucional, afectando la continuidad de programas fundamentales para la vitivinicultura argentina, tanto a nivel nacional como internacional. También pondría en riesgo la posición lograda por Mendoza como líder vitivinícola y su institucionalidad construida a través de años de trabajo conjunto entre gobiernos, productores y bodegas.