El Gobierno nacional tiene preparado el decreto que pondrá en marcha la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), en lo que será el puntapié inicial de un proceso más amplio de venta de empresas públicas, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reciente aprobación de la Ley Bases.

Según fuentes de la Casa Rosada, la norma se publicaría "en los próximos días" y dará comienzo a un proceso de venta escalonada de los activos de la compañía, con un enfoque en dividirla y venderla por partes. La prioridad será desprenderse de las participaciones estatales en distintas empresas del sector energético.

El primer paso será la venta de la participación de ENARSA en Citelec, la sociedad que comparte con Pampa Energía y que controla el 51% de Transener, la principal operadora de transporte de energía eléctrica del país. Luego seguirán otros activos como las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y San Martín, los parques eólicos Vientos de la Patagonia, las subsidiarias ENARSA Patagonia, Transba y UTE Escobar.

ENARSA fue creada en 2004 por la Ley 25.943 para cumplir funciones estratégicas en la exploración, explotación, transporte, almacenaje, distribución y comercialización de hidrocarburos y energía. Actualmente, la empresa cuenta con 320 empleados de planta permanente, y en 2023 tuvo gastos corrientes por $2,7 billones e ingresos por $3,9 billones. Casi el 44% de sus ingresos provinieron de transferencias del Tesoro Nacional, que sumaron $1,4 billones.

Durante 2024, destinó más de $769.000 millones a proyectos de infraestructura energética, como el Gasoducto Perito Moreno, el Gasoducto del Noreste Argentino, la reversión del Gasoducto Norte y las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, entre otros.

Además, fue clave en la financiación de importaciones energéticas: pagó la compra de GNL para el puerto de Escobar, gas natural proveniente de Bolivia y Chile, y parte de la producción local del plan Gas.Ar.

En lo que va del año, ENARSA reportó ingresos operativos por $1,6 billones, de los cuales $1,6 billones provinieron de la comercialización de gas y $2.000 millones de actividades de exploración y producción.

La privatización deberá pasar por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Privatizaciones del Congreso, integrada por seis diputados y seis senadores, y contará con los informes técnicos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Auditoría General de la Nación (AGN), que ya están trabajando en los estados financieros y legales de las empresas involucradas.

El encargado de coordinar los pliegos y procesos es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, organismo creado para gestionar las privatizaciones en marcha. El objetivo oficial es acelerar estos procesos antes de noviembre, como parte de los compromisos firmados con el FMI.

Con la mira puesta en reducir el déficit y achicar el tamaño del Estado, el Ejecutivo apuesta a que ENARSA sea la primera de varias privatizaciones que ya están contempladas en la Ley Bases, aprobada por el Congreso en junio de 2024.