Tras las últimas dos movilizaciones masivas, distintas organizaciones realizan este miércoles 26 de marzo un nuevo reclamo ante un fuerte operativo de seguridad, con efectivos de Policía, Prefectura y Gendarmería.
Este miércoles 26 de marzo, una nueva marcha de jubilados frente al Congreso Nacional se convirtió en un escenario de alta tensión. Los manifestantes, que incluyen a sectores gremiales, partidos de izquierda, y movimientos sociales, intentaron cortar la Avenida Callao, frente al edificio del Poder Legislativo, lo que generó un fuerte despliegue de seguridad y la activación del protocolo antipiquetes para despejar la vía pública.
La jornada comenzó con los manifestantes concentrados en la vereda del bar El Molino, pero a medida que se sumaron columnas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ATE, la UTEP y varios partidos de izquierda, la protesta fue tomando mayor fuerza. Esto incrementó la tensión y provocó una mayor presencia policial. Para contener la movilización, se desplegó un operativo de seguridad que incluyó efectivos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Prefectura Naval, y también camiones hidrantes de Bomberos y patrulleros.
A pesar de los intentos de los manifestantes por cortar las calles y generar caos en las inmediaciones del Congreso, las fuerzas de seguridad respondieron rápidamente, redirigiendo a los protestantes hacia la vereda. Mientras tanto, frente al Congreso, un grupo de jubilados se mantenía a la espera de que los semáforos en rojo les permitieran cruzar las calles de Rivadavia y Callao, desplegando carteles con sus reclamos, que incluyen mejoras en los haberes y la restitución de los medicamentos gratuitos que les fueron retirados.
El bono a jubilados está congelados desde hace 13 meses por lo que sigue perdiendo, mes a mes, poder de compra frente al avance de la inflación.
La manifestación se enmarca en un contexto de creciente descontento entre los jubilados, luego de que el sistema previsional fuera modificado por decreto y la ley que hubiera permitido un aumento en sus ingresos fuera vetada por el Gobierno. Las movilizaciones de los miércoles, encabezadas por jubilados, comenzaron como una reacción al veto presidencial a la ley de aumento de haberes, y se intensificaron tras la imposición del sistema previsional por decreto.
Un dato clave que alimenta la protesta es el vencimiento del plazo para la regularización de aportes, ocurrido el pasado 23 de marzo. Esta medida afectó a muchos trabajadores, que ahora no pueden compensar los aportes necesarios para acceder a la jubilación una vez alcanzada la edad mínima requerida.
Ante la creciente presión social, el Gobierno Nacional anunció este miércoles 26 de marzo la entrega de un bono de 70.000 pesos para los jubilados, que se pagará en abril. Esta cantidad se suma al aumento del 2,4% en jubilaciones y pensiones que entrará en vigor en el mismo mes. El aumento de las prestaciones previsionales será calculado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Con esta medida, la jubilación mínima pasará a ser de 285.792,67 pesos, mientras que la jubilación máxima ascenderá a 1.923.114,11 pesos. La PUAM será incrementada a 228.209,91 pesos, y las pensiones no contributivas por discapacidad y vejez se ajustarán a 199.879,06 pesos, mientras que la pensión para madres de siete hijos llegará a 285.262,39 pesos.