La Comisión de Pastoral Social sostuvo que la solución no está en reducir la edad de imputabilidad, sino en "de asumir cambios profundos" que abarquen las causas de la "realidad que nos interpela".
La Iglesia Católica en Argentina ha reiterado su firme oposición al proyecto del Gobierno Nacional que propone reducir la edad de imputabilidad como estrategia para disminuir los niveles de violencia y criminalidad en el país. A través de un comunicado emitido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presidida por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, se argumentó que los menores no son los principales responsables de los delitos y que, por tanto, no es necesario modificar la legislación penal juvenil.
Bajo el lema "Más oportunidades que penas", los obispos instaron a fortalecer las oportunidades de educación, formación laboral y contención familiar y social como medidas más eficaces para enfrentar la delincuencia juvenil. Según su visión, la solución no radica en bajar la edad de imputabilidad, sino en abordar de manera profunda las causas estructurales de la inseguridad, tales como la falta de inclusión social y económica, la pobreza y la ausencia de una cultura del trabajo.
En el comunicado, la Comisión Episcopal destacó que las administraciones políticas pasadas no han logrado construir una sociedad más inclusiva, dejando a muchas familias sin acceso a los recursos necesarios para su desarrollo integral. Esto ha generado, entre otros problemas, el aumento de la inseguridad y la violencia juvenil. "Los menores no son los que más delitos cometen", subrayaron, citando datos del Sistema Nacional de Información Criminal, que demuestran que los menores imputados por delitos son una minoría dentro del total de los casos.
Los obispos proporcionaron cifras de los últimos informes del Ministerio de Seguridad de la Nación, que revelan que en 2023, los menores de 15 años representaron solo el 4,74% de los acusados por robos de automotores, y los de 16 y 17 años, el 8,75%. En cuanto a los homicidios dolosos, los menores de 14 años solo constituyeron el 0,64%, mientras que los de entre 15 y 19 años fueron responsables del 13,12% de los casos. Con estos números, la Iglesia cuestiona la tendencia a centrar el debate en los menores como si fueran los principales responsables de la inseguridad.
Además, la Comisión Episcopal enfatizó que la problemática de la delincuencia juvenil debe ser abordada de manera integral, considerando la multiplicidad de factores sociales, psicológicos y económicos que inciden en la vida de los jóvenes. En este sentido, hicieron un llamado a escuchar las voces de especialistas en diversas disciplinas, como psicólogos, psiquiatras, docentes y jueces, quienes pueden aportar una visión más completa de la situación.
Otro tema clave abordado por la Iglesia es el impacto del narcotráfico en la juventud argentina. Los obispos señalaron que el fácil acceso a las drogas es una de las principales causas de la violencia, advirtiendo que el consumo de sustancias está destruyendo a muchos adolescentes y jóvenes. "La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos", dijeron, haciendo un llamado a intensificar los esfuerzos para combatir el narcotráfico, un fenómeno que lleva décadas expandiendo su influencia en el país y que ha dejado profundas secuelas en las familias y comunidades más vulnerables.
La Comisión Episcopal también reflexionó sobre la responsabilidad que tiene la sociedad en la protección y contención de los jóvenes. Destacaron que muchos de los menores que caen en situaciones de violencia y criminalidad crecen sin acceso a una buena educación, sin oportunidades de formación laboral, y sin una adecuada contención familiar o social. En este sentido, reiteraron la necesidad de promover una cultura del cuidado, que garantice las condiciones necesarias para el desarrollo integral y pleno de cada joven.
Además de cuestionar la propuesta del Gobierno, la Iglesia subrayó la importancia de crear un régimen penal juvenil que tenga una visión humana, integral y abierta a la esperanza. Rechazaron la idealización de que la solución a la inseguridad juvenil pase exclusivamente por la modificación de la edad de imputabilidad.
Finalmente, la Comisión Episcopal de Pastoral Social hizo un llamado a la responsabilidad colectiva, destacando que la construcción de un país más justo, pacífico y libre de violencia depende del esfuerzo conjunto de todos los sectores de la sociedad. Desde el Estado y la dirigencia política hasta los movimientos sociales, los sindicatos, los clubes, la Iglesia, el sector empresarial y los ciudadanos en general, todos tienen un papel fundamental en la creación de oportunidades de educación y de inclusión social para los jóvenes más vulnerables.
Concluyeron su mensaje citando al Papa Francisco, quien ya se había expresado en contra de la reducción de la edad de imputabilidad, proponiendo en su lugar un enfoque centrado en la reinserción y la educación de los menores. "Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos", recordaron los obispos, llamando a la unidad y al compromiso de todos para resolver los problemas que aquejan a la sociedad argentina.