En tan solo dos meses, al youtuber Miguel Eduardo Prestofelippo, alias “El Presto”, se le complicó su situación judicial. En febrero, la Justicia lo condenó por hostigar a Fabiola Yañez y este lunes, lo procesaron por amenazas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. A ello, se suma una acusación por “incitación a la violencia colectiva y aliento al odio de personas por sus ideas”.

La decisión fue confirmada por el fiscal l ante la Cámara de Casación Eduardo De Luca En tanto, Prestofelippo apeló su procesamiento, dispuesto por una resolución de la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba a raíz de expresiones publicadas en las redes sociales sobre la expresidenta a mediados de 2020, cuando se debatía en el Senado el proyecto de reforma judicial.

El tweet

“Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”, había publicado “El Presto” el 27 de agosto de 2020 en su cuenta oficial de la red social Twitter. Según el fiscal, esas expresiones “constituyen estímulos, acciones inmediatas, incitaciones directas a las acciones lesivas de terceros, o que son generadoras de peligros inminentes para los derechos de los demás, son perfectamente punibles”.

El argumento judicial

Cabe recordar que el juez de primera instancia Alejandro Sánchez Freytes había sobreseído a Prestofelippo, pero el fiscal Maximiliano Hairabedian apeló la decisión y la Cámara dispuso el procesamiento porque, según sostuvo el fiscal, “del mensaje cuestión, se infiere una incitación pública por parte del imputado a apoyar un ‘estallido social’, mediante el favorecimiento del uso de violencia en contra de un grupo de personas determinadas y la incitación al odio en contra de éstas, con motivo de sus ideas o pertenencia política”.

De todas formas, el dictamen del fiscal De Luca no es vinculante, por lo que la decisión final sobre la situación procesal de “El Presto” la tendrá la Cámara de Casación. A todo esto, el acusado apeló el procesamiento ante la Cámara Federal de Casación, argumentando que una sanción en su contra “colisionaba con el derecho constitucional de toda persona de publicar sus ideas sin censura previa”.