En busca de la verdad
En busca de la verdad
La Corte Suprema declaró inconstitucional la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
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La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que declara inconstitucional la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ha desatado una tormenta de indignación y temor en la sociedad argentina.
Esta medida, que algunos califican de progresista, podría tener consecuencias catastróficas para la seguridad pública y la confianza en el sistema judicial.
La Corte Suprema ha decidido que la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional es inconstitucional, argumentando que viola el derecho a la esperanza y la posibilidad de rehabilitación de los condenados. Esta decisión se basa en estándares internacionales de derechos humanos que promueven la resocialización de los presos. Sin embargo, ¿a qué costo?
En el centro de esta polémica se encuentra el caso de Sebastián Alejandro Guerra, condenado por el brutal asesinato de la cabo de la Policía Federal María Luján Campilongo y por herir gravemente a su novio, Diego Hernán Ghiglione.
Guerra fue sentenciado a prisión perpetua por estos atroces crímenes. Ahora, con esta decisión, podría tener la posibilidad de salir en libertad condicional. ¿Dónde queda la justicia para las víctimas y sus familias? ¿Es este el mensaje que queremos enviar a la sociedad?
Esta decisión no solo afecta a Guerra. Sienta un precedente que podría permitir que otros delincuentes peligrosos, incluidos asesinos en serie y violadores, soliciten la libertad condicional.
La sociedad argentina podría enfrentar una ola de liberaciones de criminales que, hasta ahora, se consideraban una amenaza permanente. ¿Estamos preparados para asumir las consecuencias de esta decisión?
Para entender las posibles consecuencias de esta medida, es útil mirar experiencias internacionales. En Noruega, la pena máxima es de 21 años, incluso para los crímenes más atroces. Este sistema fue puesto a prueba con el caso de Anders Behring Breivik, responsable de la masacre de 77 personas en 2011.
Breivik fue condenado a la pena máxima y, aunque su sentencia puede extenderse si se considera que sigue siendo una amenaza, el sistema noruego ha sido objeto de críticas por ser demasiado indulgente con criminales de extrema peligrosidad.
La decisión de la Corte Suprema podría llevar a Argentina por un camino similar. ¿Estamos dispuestos a arriesgar la seguridad pública en nombre de la rehabilitación? ¿Qué garantías tenemos de que estos criminales no volverán a delinquir una vez liberados? La sociedad merece respuestas claras y medidas de protección efectivas.
Esta decisión también pone en tela de juicio la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Si las penas más severas pueden ser cuestionadas y modificadas, ¿qué mensaje se envía a los delincuentes y a las víctimas? La justicia debe ser firme y proporcional al delito cometido. Flexibilizar las penas para los crímenes más graves puede socavar la percepción de justicia y orden en la sociedad.
Es imperativo que el Congreso y las autoridades competentes revisen esta decisión y consideren sus implicancias a largo plazo. La seguridad y la justicia para las víctimas deben ser prioridades innegociables. No podemos permitir que, en nombre de la rehabilitación, se ponga en peligro a la sociedad y se traicione la memoria de quienes han sufrido a manos de criminales despiadados.
La decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional la prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional es un golpe a la justicia y a la seguridad pública.
Si bien la rehabilitación es un objetivo noble, no puede lograrse a expensas de la seguridad y la confianza de la sociedad. Es hora de que las autoridades tomen medidas para garantizar que los criminales más peligrosos permanezcan donde pertenecen: tras las rejas.
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