Cada vez que ocurre un delito en el que están implicados jóvenes asistimos a un ritual que se desarrolla en tres pasos. Primero, los ciudadanos sienten una especial sensación mezcla de estupor, desasosiego e ira que no es la misma que produce la delincuencia de adultos. Segundo, el periodismo refleja lo ocurrido destacando la edad del victimario, su prontuario y dando paso rápidamente a las consabidas recetas de la necesidad de bajar la edad de imputabilidad y de ser más estrictos con los castigos. Y tercero, nuestros políticos aparecen prometiendo soluciones que pasan, nuevamente, por las dos recetas anteriores.

La visceralidad que informa a algunos, o a muchos, no deja entrever, por desconocimiento o por mero interés de rating o de votos, los desarrollos científicos con los que se ha avanzado en el mundo en la materia. Unas gotas de ideología, un buen toque de intereses espurios y un generoso chorro de sesgo de confirmación que nos hace menospreciar cualquier información que vaya en contra de nuestros presupuestos crean el cóctel perfecto.

Se advierten cinco presunciones que enturbian el debate sobre la delincuencia juvenil en la Argentina:

    Punitivistas o garantistas-abolicionistas. Sorprende, por momentos, la radicalidad con la que se ha asentado la convicción de que tenemos que elegir entre estas dos opciones. Se trata de un falso dilema basado en dos posicionamientos que se han mostrado equivocados. Los primeros, porque defienden la idea de que la sanción, y solo la sanción, es la respuesta (“¡encerrémoslos a todos!”). Los segundos, porque asumen que la sanción no tiene, ni puede tener, un rol en este contexto (“¡no hay que tocarles un pelo!”). Entre estas opciones hay una enorme cantidad de posibilidades.
    La mano dura en adultos disuade a los jóvenes de actuar de manera delictiva. Nada más alejado de la realidad. Los jóvenes, por su edad y falta de experiencia, tienden a responder de una manera diferente frente a estas dinámicas. Las respuestas más comunes son “¡A mí no me atraparán!”, o, incluso peor: “¡No tengo nada que perder!”.
    La sociedad tiene una deuda con ellos. No es extraño sostener que no se puede interpelar a quien algo se le debe; detrás del comportamiento delictivo de un joven existe una situación de vulnerabilidad, así que no corresponde reclamarle nada. En este caso, merece la pena recordar que la vulnerabilidad puede explicar, pero no justificar, el comportamiento delictivo de aquel que quebrantó los derechos de otros. Algo que seguro se les debe es una respuesta que los ayude a asumir su responsabilidad frente al daño que provocaron, incluso, en su terrible contexto de vulnerabilidad.
    Hay que bajar la edad de imputabilidad. Un chico menor de 16 años no tiene una respuesta a sus delitos porque el proceso judicial no lo alcanza. Si se baja la edad podrá haber una respuesta judicial. Este es un relato que asume irreflexivamente tres cuestiones. La primera, que la tasa de reiterancia de los que sí son imputables es baja. La segunda, que la razón de esto es la respuesta punitiva-judicial. Y la tercera, que la única respuesta es la judicial. Está suficientemente acreditado que estas tres afirmaciones son falsas.
    La decisión acerca de qué hay que hacer es una cuestión de actitudes personales y de coraje político. La elección entre ser “blando” o ser “duro” es una decisión basada en elementos ideológicos que cada uno de nosotros sostiene sobre la base de aspectos subjetivos. Este planteo ignora lo mucho que se ha analizado y probado acerca de qué funciona y qué no en el ámbito de la delincuencia juvenil. Otra cosa es la cerrazón, interesada o no, de aquellos que participan del debate. A fin de cuentas, como se dice en gallego, “yo no creo en las meigas, pero haberlas haylas”.

La pregunta es ¿qué se puede hacer en la Argentina ante lo que resulta una verdadera tragedia que va a seguir creciendo? Para contestar a este gran interrogante es importante no perder de vista tres cuestiones. La primera: se trata no solo de la respuesta ante lo que hizo el joven, sino de transformar para evitar que lo vuelva a hacer. La segunda, poner el foco en el debate sobre “la pena” es desconocer otros aspectos de la criminalidad juvenil como el reconocimiento y la responsabilización, que se han acreditado mucho más importantes para reducir la probabilidad de reiterancia. Y la tercera: ya hay experiencias en el país a nivel municipal (Pergamino, San Isidro, San Martin) y provincial (Córdoba) que responden a aspectos puntuales, pero se requiere de un programa integral a nivel nacional.

Señalamos cinco medidas que consideramos relevantes para encarar esta cuestión:

    Está acreditado que el primer gran trabajo para enfrentar la delincuencia juvenil es desarrollar programas que buscan evitar que el joven cometa su primer delito. La criminología ya ha mostrado cuáles son los factores de riesgo que aumentan las probabilidades de un comportamiento delictivo y cuáles son los que pueden contrarrestarlos. Herramientas como el deporte o el arte, entre otros, se han mostrado muy eficaces. La Argentina no tiene programas a nivel nacional que encaren de manera integral el desarrollo de factores de protección y promoción de jóvenes que están en situación de riesgo. Hay mucha gente y clubes deportivos, por poner un ejemplo, que podrían ser elementos claves en este tipo de respuestas y a los que no se los acompaña o, directamente, se los ignora.
    Es importante llegar al joven lo antes posible en su carrera delictiva y responder frente a sus primeros delitos tanto como frente a su vulnerabilidad. Las medidas que omiten una respuesta favorecen la reiterancia. Y las que son meramente punitivas no tienen efecto transformador en los jóvenes. Argentina se debate entre dos dinámicas que se presentan de forma excluyente: ocuparse de la vulnerabilidad u ocuparse del delito. La mejor respuesta es trabajar con el joven de manera integral encarando las dos caras de una misma moneda.
    Es necesario darle un seguimiento real a las respuestas frente a los sujetos punibles que están en el proceso judicial. Todas las medidas encaminadas a generar una segunda oportunidad, por ejemplo la probation, solo funcionan si responden a las particularidades de cada joven y si tienen un seguimiento adecuado. En la Argentina estos programas, por múltiples razones, tienen una tasa de adecuación y seguimiento muy baja.
    La coordinación en las respuestas es un aspecto determinante. Una multiplicidad de instituciones –públicas o privadas– trabajando de manera descoordinada generan respuestas ineficaces e ineficientes. La Argentina padece un grave problema de descoordinación tanto a nivel de definición de objetivos como de intervención práctica.
    Tan importante como el trabajo con el victimario resulta el trabajo con las víctimas. Suele pensarse que la respuesta frente a la delincuencia juvenil tiene que ver solo con qué se hace con el victimario. Sin embargo, es relevante que el sistema tenga respuestas para la víctima. Las víctimas manifiestan en los estudios realizados un bajísimo nivel de satisfacción en su tránsito por los procesos judiciales. En la Argentina, ser víctima de un delito, especialmente, de media o baja intensidad, cometido por jóvenes es estar condenado al ostracismo.

Hay muchas cosas que se podrían estar haciendo para enfrentar el problema de la delincuencia juvenil en la Argentina. Es menester no distraerse con debates y propuestas anecdóticas que, ya se sabe, son poco eficaces.

Raúl Calvo Soler es director del Centro de Investigaciones Restaurativas de la Universidad de San Andrés y diseñó y dirigió estrategias de Justicia restaurativa con jóvenes en conflicto con la ley penal en varios distritos, entre ellos, San Isidro