José Lodovico Palma, presidente de Cimesa

La justicia provincial se encuentra abocada a resolver el concurso preventivo de la obra social Cimesa, cuyo desequilibrio financiero comenzó a partir de la cesación de pagos de la entidad de servicios de salud por una sentencia de una demanda.

Esos desmanejos derivaron en una grave situación económica de la prestadora que dejaron a centenares de afiliados sin cobertura médica, entre otros perjuicios, y una sentencia de la justicia derivó en la designación de un síndico para que regularizara la situación administrativa.

Es así que José Lodovico Palma y Eduardo Albi en su carácter de Presidente y Secretario General de CIMESA solicitaron la apertura de un concurso preventivo que recayó en el Primer Juzgado de Procesos Concursales de la Primera Circunscripción Judicial provincial.

Según se desprende del expediente, la obra social debía hacerse cargo del pago de una sentencia con un embargo de $15.000.000, y que, ante la imposibilidad de la cancelación en efectivo, debía realizarse una subasta judicial.

La situación de cesación de pagos, comenzó al pasado mes de diciembre de 2019, cuando quedó firme una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza que rechazó el recurso extraordinario iniciado por Cimesa por el expediente caratulado "Aruani Alejandro Gabriel C/ Club del Parque, Cimesa P/ Daños y Perjucios, proceso que se encuentra en la etapa de ejecución.

De acuerdo a lo que figura en el expediente judicial, está por demás acreditado que existe una cesación de pagos y que la obra social tiene un evidente desequilibrio financiero que les imposibilita el cumplimiento regular de las obligaciones, "un estado económico de un patrimonio que se evidencia como impotente para hacer frente en forma regular a las obligaciones", reza en el expediente judicial.

Todo esto tira por tierra lo manifestado por el presidente de la obra social, Lodovico Palma, quien les respondía a los afiliados que los inconvenientes de falta de atención en las diferentes áreas se debían a un problema del "sistema informático", respuesta muy alejada de la realidad.

Los problemas financieros que padece Cimesa derivaron en que ninguna farmacia recibe las recetas de la obra social, además obliga a los afiliados a solicitar recetas todos los meses a sus propios médicos, y no tienen en cuenta las historias clínicas de los afiliados. Aparecen también muchos otros incumplimientos, de diversa índole.

Los afiliados señalaron que se sienten estafados por los administradores de la prestadora, pues están al día con el pago de las cuotas y a pesar de ello, se encuentran sin cobertura. Detallaron que "tiempo atrás podíamos atendernos en los hospitales Italiano, Español, la clínica Santa Rosa el hospital Santa Isabel de Hungría, pudiendo acceder a la atención de médicos, dentistas, estudios clínicos para elegir y que por falta de pago de la prestadora, ninguno de esos centros asistenciales hoy recibe a los afiliados de Cimesa", completó muy molesto un afiliado damnificado por el desmanejo de la obra social.

El mismo afiliado lamentó el estado en que los administradores han dejado la prestadora, creada en 1932, y que fue durante muchas décadas ejemplo en el país en cuanto a los servicios de salud y que ahora atraviesa esta etapa de quebranto.

La resolución de la justicia, también incluye la prohibición de salir del país del presidente, vicepresidente y secretario general de la asociación por un período mayor a 40 días y, en el caso de que deban ausentarse en plazos menores a esos días, deberán informar a las autoridades judiciales que mantienen la investigación de la quiebra de la obra social.

El concurso de acreedores atraviesa una etapa crítica, toda vez que la concursada no estaría en condiciones de atender gastos corrientes. A la espera del informe de la sindicatura, fuentes judiciales advirtieron que la quiebra sería "muy difícil" de evitar.