Según una denuncia anónima, existirían dentro de la Inspección General de Seguridad una aceitada maquinaria en donde se realizan sumarios administrativos en un gran número, sin sustento legal, utilizando anónimos, que la misma IGS inventaría, contra policías o agentes penitenciarios y luego esos uniformados sospechados son defendidos por profesionales que responden al mismo organismo.

Según ese aporte todo ello generaría importantes ganancias, cuyos beneficiarios serían los mismos funcionarios del organismo de control externo de los policías y penitenciarios.

De acuerdo a lo planteado en forma anónima, en la mayoría de los casos de las acusaciones que recaen contra los funcionarios policiales y penitenciarios, los efectivos no tienen profesionales que los asistan, entonces desde la misma IGS se le recomendaría un abogado que funcionaría como satélite de ese organismo.

Ese profesional es quien comienza a litigar y según se denuncia, ya tendría pactado un monto destinado para la misma IGS, que es quien paradógicamente ha iniciado la demanda contra el uniformado. Ese es el primer negocio.

Los mismos denunciantes explican que existiría una tabulación de montos, de acuerdo al resultado de la gestión del sumario. Según se comenta, por sobreseimiento, estarían cobrando un monto de entre 200 mil pesos y 250 mil pesos. Por conseguir sólo 10 días de suspensión percibirían entre los 180 mil y los 200 mil pesos, y por obtener una sanción de suspensión de 20 días, una cifra que ronda entre los 150 mil y 180 mil. Todo esto considerando que se obtiene una pena leve, cuando la condena que le podría caber al efectivo sumariado debería ser mucho mayor.

Todo este relato tendría pruebas contundentes que lo avalan. Explican, por ejemplo, como un mismo hecho cometido por un efectivo, existen muy diferentes sanciones. En un caso, el uniformado queda sobreseído, en otra causa similar, otro recibe una sanción de 30 días de suspensión y en tercero le piden directamente la cesantía, cuando la falta ha sido la misma. 

En otro caso, la IGS sancionó a un policía que viajó a la provincia de Córdoba porque su hija estaba en ese lugar muy enferma. El efectivo solicitó el permiso y no fue autorizado. Por esa falta fue suspendido por 36 días. "Por esas razones queda en claro que no existe una proporcionalidad ni gradualidad en las sanciones aplicadas", explica la denuncia.

Por otro lado, ha trascendido la decisión de la Inspección General de Seguridad para que funcione en su ámbito la recientemente creada Defensoría de Policías, como también la Junta de Disciplina. "Con esos dos organismos funcionando dentro de su espectro, la Inspección funcionaría como una fiscalía, acusando a policías y penitenciarios, además de defenderlos con los abogados "satélites" . Teniendo además el poder de sancionarlos. En definitiva, una maquinaria perfecta para recaudar mucho dinero, teniendo todo bajo su órbita" explican la denuncia.

Señalan al director Marcelo Puertas como el ideólogo de esa estructura. "Con un pasado defendiendo a delincuentes, ahora persiguiendo y sancionado a policías y penitenciarios, con un recelo muy marcado contra los uniformados".

Comentan que Puertas está secundado por el subcomisario Guillermo Bravo, quien tendría problemas de alcoholismo, ludopatía y haber tenido causas cuando estuvo en destinos como la comisaría 36, en Las Heras y Rodeo del Medio.

También mencionan al abogado Gustavo Sarli, que es acusado de conformar una asociación que les cobra una cuota mensual a los policías, quienes liego tienen acceso a ser defendidos.

En el informe también se menciona a policías de apellido Gatica y Zamora quienes tienen una estrecha relación con Marcelo Puertas y quienes tendrían una participación directa en esa asociación irregular que genera muchos recursos.

Después de una investigación, Mnews, recabó gran cantidad pruebas que avalan que todos los sumarios son iniciados con denuncias anónimas. De allí se desprende que todas las causas están manipuladas.