En busca de la verdad
En busca de la verdad
La funcionaria les reclamó a las provincias que prohíban los celulares en las cárceles tras desbaratar una banda de extorsión.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue entrevistada por el periodista Luis Majul en su programa Majul 107.9 de El Observador 107.9. La funcionaria analizó el desbaratamiento de una banda de extorsión que operaba desde un penal bonaerense y reclamó a las provincias que prohíban definitivamente el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios.
La entrevista se produjo un día después de la conferencia de prensa que Monteoliva brindó junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, donde presentaron los detalles del caso que derivó en el desmantelamiento de una organización delictiva que extorsionaba desde la cárcel utilizando teléfonos móviles.
La "pyme del delito" que operaba desde la cárcel
Monteoliva describió el modus operandi de la banda desarticulada, conformada por tres detenidos -de 21, 24 y 29 años- que coordinaban actividades delictivas desde un penal de la provincia de Buenos Aires. "No era solo el delito de extorsión, era extorsión, planificación delictiva por zonas, porque los audios es impresionante todo lo que uno pudo escuchar, es la organización de grupos de viudas negras, es las pautas para comprar armas, dónde, cuándo y cómo", detalló la ministra.
El cabecilla de la organización, de 21 años, llevaba aproximadamente tres años detenido por robo con arma. Según explicó Monteoliva, este individuo "actuaba de mujer, de novia, de amiga, de policía, de fiscal, de todos los personajes cumplía" y se jactaba de tener "un portafolio de servicios tal cual gerente de pyme". Por eso, las autoridades denominaron al grupo como "la pyme del delito".
La banda se articulaba con cuatro mujeres en el exterior -parejas o amigas de los detenidos- que funcionaban como "receptoras de las cuentas de las transferencias", gestionando el dinero producto de las extorsiones. La ministra aclaró que desconoce si estas mujeres tenían pleno conocimiento del origen ilícito de los fondos.
El reclamo urgente a las provincias
Consultada sobre por qué no se puede impedir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses, Monteoliva reconoció las limitaciones de su competencia pero fue contundente en su reclamo: "Yo como ministra de Seguridad Nacional puedo pedir, rogar encarecidamente a todos los ministros con los que tengo comunicación permanente, pero no soy la que toma las decisiones en cada una de las provincias frente a este tema".
La funcionaria recordó que en 2020, durante la pandemia, se autorizó a los presos a tener teléfonos celulares por razones de comunicación. "La pandemia pasó hace rato, la realidad hoy es otra y las provincias no pueden seguir, los sistemas penitenciarios provinciales no pueden seguir en este esquema", enfatizó.
"No tiene sentido lo que hagamos en la gestión de seguridad, lo que haga la justicia, porque no sirve de nada si la gente que está presa gestiona como en una oficina con todo incluido el delito desde adentro", advirtió Monteoliva, quien aseguró que el tema será central en el próximo Consejo de Seguridad Interior que se realizará en los próximos días.
Un problema que excede la política
La ministra intentó despolitizar el debate: "Acá hay que poner el tema sobre la mesa, entender que esto no tiene ideología, no es colores políticos. Estos son temas de fondo que hay que resolver". Y agregó: "Esto va más allá de la ida y vuelta de la política".
Según Monteoliva, la mayoría de las provincias permiten algún tipo de comunicación mediante teléfonos celulares en sus establecimientos penitenciarios, con tres modalidades diferentes que varían en el nivel de control. La funcionaria consideró necesario "revisar esas categorías y esas metodologías" porque "los argumentos que llevaron a esa decisión en el 2020 ya no existen".
En contraste, aseguró que en los establecimientos penitenciarios que dependen de la Nación los detenidos no tienen acceso a teléfonos celulares.
Consultada sobre si había novedades respecto al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela, la ministra señaló que junto al canciller Gerardo Werthein están "permanentemente haciendo seguimiento a este tema" y que están "muy pendientes que haya respuestas positivas cuanto antes".
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Los nuevos tramos a licitar incluyen rutas clave en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.