La Justicia civil de Viedma emitió un fallo contundente que obliga a la empresa Movistar a indemnizar con más de 22 millones de pesos a una clienta que fue víctima de una estafa digital, luego de que delincuentes tomaran el control de su línea telefónica y vaciaran su cuenta bancaria. El Banco Patagonia, donde la víctima tenía sus fondos, fue eximido de toda responsabilidad.

El hecho ocurrió el 13 de octubre de 2022, cuando una mujer advirtió que había perdido acceso a su línea móvil y, poco después, descubrió que le habían robado cerca de tres millones de pesos de su cuenta bancaria. La maniobra fue ejecutada a través de la técnica conocida como SIM swapping, por la cual un atacante obtiene un nuevo chip con el número de la víctima, accediendo así a todos los mensajes de verificación necesarios para ingresar al home banking.

La jueza del caso señaló que la operadora telefónica falló gravemente en los controles de seguridad al permitir el reemplazo del chip sin advertir contradicciones clave. Por ejemplo, mientras la línea seguía activa en Viedma a las 10:30, una hora después se solicitó un reemplazo desde Neuquén, sin que el sistema detectara esta anormalidad. La falta de verificación de identidad y la ausencia de alertas contribuyeron al éxito del fraude.

Como consecuencia de esa negligencia, la Justicia condenó a Movistar a pagar $12 millones por daños directos, $908.000 por pérdida de oportunidades, $3 millones por daño moral y $6 millones en concepto de daño punitivo, montos que deberán ser actualizados por intereses hasta el pago efectivo. El fallo marca un precedente en la provincia en cuanto a la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en fraudes digitales.

Por su parte, el Banco Patagonia fue desligado del caso. La investigación concluyó que no hubo fallas en sus sistemas: las operaciones se realizaron desde un dispositivo autorizado, con claves válidas y mediante la autenticación vía SMS, que ya estaba en manos del estafador tras la intervención de la línea telefónica. Tampoco se probó que el banco y la telefónica actuaran de manera conjunta.

Además del resarcimiento, la víctima deberá devolver al banco más de 1,2 millones de pesos que le habían sido otorgados como medida cautelar al inicio del juicio.

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