La directora de Aduanas, Rosana Lodovico, en conjunto con su ex marido Luis Antonio Bocassi, adquirió una deuda de US$ 250.000 con una empresa implicada en actividades de contrabando . El crédito fue pactado en 2022 con Promarlon SA, una sociedad anónima vinculada a prácticas ilícitas en el ámbito aduanero.

El hecho, que fue revelado por el diario La Nación, está bajo investigación de la Justicia en el Tribunal Oral Federal de San Martín 5.

La funcionaria dijo que el préstamo, obtenido en octubre del año pasado, fue destinado a la adquisición de una propiedad en Canning, valorada en US$330.000 , con aportes adicionales de ahorros personales.

Esta transacción se realizó mientras ejercía cargos en la Aduana, primero como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas durante la gestión de Sergio Massa y Guillermo Michel, y posteriormente ascendió como titular del organismo durante la administración de Javier Milei.

Massa, como reveló Clarín en su momento, dejó muchos funcionarios de su gestión en áreas claves de la AFIP y la Aduana . El hombre fuerte de la Aduana durante la gestión del ex ministro de Economía era Guillermo Michel.

Lodovico trabaja desde hace 30 años en la Aduana. En la época de Ricardo Echegaray, cuando compartió gestión con Michel (su predecesor), ocupó el lugar de jefa de Departamento de Administración Financiera. Luego, fue encargada de la Aduana de Ezeiza y quedó relegada durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde que Massa designó a Michel, fue la segunda del organismo como subdirectora General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas. Habría sido impulsada en ese cargo por Michel.

En matrimonio, Lodovico y Bocassi también eran propietarios de un departamento de 180 metros cuadrados en la Ciudad de Buenos Aires, de una casa en Pinamar de 98 metros cuadrados (ambas pagas con ingresos propios entre 2010 y 2011) y de diversos vehículos como una BMW. X3 todo terreno, adquirido en 2019 y un cuatriciclo Can-Am Outlander Max 800R comprado en 2015.

La causa legal contra Promarlon SA, iniciada en 2017 por la propia Aduana, involucra a 25 personas, incluyendo miembros de la empresa y funcionarios públicos del organismo de control. Se les acusa de formar parte de una organización dedicada al contrabando de mercaderías entre Paraguay y Argentina, así como su posterior distribución y comercialización.

En cuanto al préstamo recibido de esa empresa bajo sospecha, Lodovico afirmó que desconocía las actividades de la firma al momento de la transacción, asegurando que su contador verificó la situación financiera antes de proceder. Su exmarido, Luis Antonio Bocassi, también está relacionado con la Aduana y fue apartado de su cargo recientemente. Fue jefe de la sección de Encomiendas Postales Internacionales (EPI).

Ambos adquirieron una propiedad en Canning con un crédito, aunque discrepan sobre la superficie de la misma. Además, poseer otros bienes inmuebles y vehículos, según sus declaraciones ante la Oficina Anticorrupción.

En la causa por contrabando, el presidente de Promarlon, Claudio Szlaien, logró suspender la acción penal mediante una moratoria, mientras que otros implicados se enfrentan a un juicio.