Con la Ley Ómnibus enviada la semana pasada al Congreso, el Presidente Javier Milei busca producir un cambio radical en varios temas, entre ellos la Ley de Hidrocarburos, vigente desde 1967. 

Es que el proyecto busca derogar regulaciones sobre los precios y las exportaciones, lo que impactará de lleno en el sector de petróleo y gas de Argentina, que atraviesa un auge debido al progreso de la producción en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. 

La primera buena noticia que recibieron los empresarios del sector petrolero es que no habrá cambios en la alícuota del Derecho a la Exportación. Pese a lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la retención del sector petróleo y gas queda sin cambios y seguirá con una alícuota del 8%.

El principal cambio es que se modifica la Ley 17.319 , y de aprobarse sin cambios estos artículos, el Poder Ejecutivo “no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno en cualquiera de las etapas de producción”. De esta forma, se cortaría con la dinámica que dio origen al barril criollo. 

Actualmente, el precio del barril producido y vendido localmente está por debajo de los US$60. El acuerdo alcanzado en agosto por Sergio Massa y las empresas del sector establecía un barril criollo de US$56, que fue aumentando ligeramente, pero sin superar la barrera de los US$60. El Brent - precio de referencia internacional del petróleo - cerró la semana pasada a US$79,65.

La intención del Gobierno es ir a un escenario de export parity price (paridad del precio de exportación). Implica que los productores de petróleo reciban en Argentina el mismo precio que perciben a la hora de exportar.

Otra noticia importante que recibió el sector, es que, de aprobarse el proyecto, las empresas “podrán exportar hidrocarburos y/o sus derivados libremente”. El proyecto propone liberar el comercio internacional del petróleo y el gas. Promueve también la autorización de las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa.

Además, el proyecto fija que en el caso de empresas estatales que las mismas “podrán vender únicamente a precios que reflejen el equilibrio competitivo de la industria, esto es a las correspondientes paridades de exportación o importación según corresponda”.

Entre otros cambios, el Gobierno propone sumar entre las actividades relacionadas a los hidrocarburos al procesamiento, que se suma a la explotación, el transporte, la industrialización y la comercialización.