La Cámara Federal porteña quedó en condiciones de resolver si se reabre la investigación contra Cristina Kirchner en el marco de la causa conocida como “ruta del dinero k”. Es que el juez federal Eduardo Farah rechazó la recusación que había hecho la defensa de la vicepresidenta contra los otros dos integrantes del tribunal Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, defensores de la vicepresidenta, habían recusado a Llorens y Bertuzzi por haber aceptado como querellante a la ONG Bases Republicanas, ligada al macrismo, que busca revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Y pusieron como ejemplo que esos jueces habían tenido otro criterio al no aceptar como amicus curiae a la comisión bicameral de inteligencia en la causa de espionaje. Además sumaron que el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau había motorizado un juicio político en su contra.

El juez Farah, integrante de la Sala II y no alcanzado por estas objeciones, fue el encargado de analizar y dirimir la cuestión. Farah había votado en aquel momento por no admitir a la ONG como querellante. “Tengo necesariamente que advertir que la naturaleza de la crítica implica que, a criterio de los letrados, debería asumirse aquí que el voto de los Dres. Llorens y Bertuzzi en dicha oportunidad tendría que haberse compadecido con lo escrito en el mío –en disidencia-. Resalto el punto, porque deja expuesto que, en definitiva, la censura se vincula a la forma en que los jueces interpretaron el alcance de la norma del art. 82, CPPN”, que alude a la forma de constituirse en querellante.

Para Farah, en la decisión de sus colegas no hay per se “un signo claro de parcialidad que habilite la procedencia de una vía restrictiva como la recusación” y añadió que lo mismo “sucede con la referencia a decisiones de otros procesos penales”. El juez también afirmó: “por lo demás, es manifiesto que el planteo de juicio político hecho por un legislador que no es parte en el presente y con posterioridad a su inicio, no constituye supuesto de apartamiento”.

De esta manera, la Sala II de la Cámara Federal quedó en condiciones de definir sobre si corresponde revocar el sobreseimiento de Cristina Kirchner en el expediente. La ONG reclama que se anule el sobreseimiento de la vicepresidenta que hizo el único acusador en la causa, el fiscal Guillermo Marijuan el 24 de mayo pasado.

El caso, conocido como La ruta del dinero K, comenzó en abril de 2013, y gran parte de esa investigación ya fue elevada a juicio. Allí Lázaro Báez fue condenado junto a otros 17 imputados, entre ellos sus hijos, por haber llevado adelante s maniobra millonarias de lavado de dinero, que rondaron los 55 millones de dólares. En el juicio oral se sostuvo que ese dinero venia de la facturación ilegal y de la obra pública

Pero la resolución del tribunal fue apelada en Casación. Allí bajaron condenas (a Lázaro de 12 a 10) y absolvieron a las hijas del empresario. “Quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que fue depositado a nombre de otras personas y, luego de la circulación propia de esta modalidad delictiva, ingresado en la cuenta de Austral Construcciones, siempre fue Lázaro Antonio Báez”, sostuvo el máximo tribunal.

En lo que hubo polémica fue en el origen del dinero: Javier Carbajo dijo que venía de la facturación y la obra pública, Angela Ledesma afirmó que el origen fue la facturación y Mariano Borinsky señalo que como podía acreditarse las facturas truchas y así condenar no hacía falta pronunciarse sobre la obra pública.

En instrucción, sin embargo, quedaba una parte de la causa. La que investigaba a Cristina Kirchner como parte de esas presuntas maniobras de lavado. Fue en la única causa en la que fue llamada a declarar y no fue procesada. El año pasado, su defensa pidió su sobreseimiento, pero retiró el planteo ante lo que avizoraba iba a ser una respuesta negativa de la Cámara Federal.

El 24 de mayo pasado, el fiscal Guillermo Marijuan, que impulsó la causa por la ruta del dinero por la que Lázaro Báez terminó condenado a diez años de prisión, sostuvo: “No tengo duda alguna de la estrecha y directa relación personal entre Cristina Elisabet Fernández y Lázaro Antonio Báez”. Habló de “entrañable cercanía, vínculo y amistad” con el matrimonio presidencial. Y para demostrarlo no solo habló de las pruebas que hay en otras causas en donde ambos están imputados. Pero afirmó que así y todo eso no alcanzaba para poder avanzar en la investigación contra la vicepresidenta y afirmó que el fallo de Casación había cercenado su hipótesis. “si se considera que la descomunal masa de dinero que Lázaro Báez lavaba con la compleja maniobra de ‘exportar’ millones de divisas reingresándolas al país como una inversión, así como la compra de innumerables muebles e inmuebles, proviene sólo de la evasión fiscal y no de la asignación irregular de la obra pública direccionada a su favor”.

Para el fiscal, “esto aleja el centro de la escena delictual del poder político de esta causa de lavado de dinero aunque no influya en las consideraciones y fundamentos que se efectuaron en punto al fraude contra el Estado Nacional en la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2?. El juez Casanello consultó al resto de los querellantes que avalaron el sobreseimiento, y así lo firmó.

Pero antes de que esa suerte quedara sellada, la asociacion civil Bases Republicanas buscó ser parte de la causa, motivada en que el cuadro probatorio de esa causa y las conexas demuestra claramente que Lázaro Báez y su grupo actuaron como testaferros por cuenta y orden de Néstor y Cristina Kirchner, por lo que los ex presidentes de la Nación resultaron beneficiados directos de las maniobras delictivas. El juez rechazó considerarlo querellantes a esa altura del proceso pero la ONG apeló. El 17 de agosto, la Cámara Federal los aceptó como parte. Ahora deben resolver si revocan o no el sobreseimiento.

Esta es una de las últimas causas judiciales que le quedan a CFK en instrucción. Las otras ya pasaron a otra instancia más avanzada. Casación sorteó ayer, jueves, quién serán los jueces que lleven adelante los juicios Hotesur-Los Sauces y Memorándum con Irán, que fueron reactivados por orden de la Sala I de ese tribunal. La otra causa que espera avances es el caso Cuadernos, en donde los jueces asignados al futuro juicio deben resolver la prueba a llevar al debate. CFK ya fue condenada en un juicio oral: en la causa Vialidad fue condenada a fines de 2022 a seis años de prisión. La revisión de ese proceso está en manos de la Sala IV de Casación.