Es porque su población fue sobrerepresentada y por ley se le envió más recursos que los que le hubiera correspondido.
Según un cálculo del economista de Fiel, Isidro Guardarucci, La Matanza habría sumado $ 85.000 millones de más a sus arcas desde 2012, año por año, en concepto de coparticipación municipal. Como la estimación contempla la inflación acumulada a lo largo de ese período de tasas altas y crecientes, los $ 85.000 millones están expresadas en lo que los economistas llaman valores constantes y por lo tanto comparables entre uno y otro año. Ayer dirigentes de JxC publicaron un comunicado con una cifra menor (llega hasta 2022, ver más abajo).
En las últimas horas, en las redes sociales de economistas, politólogos y estadísticos, se habló de “fraude demográfico”por las consecuencias económicas y políticas que este enredo estadístico conllevarían.
Según los datos de ese registro, la población de La Matanza fue 1.775.816 en 2010. Y sobre esa base fue que se proyectó que para 2022 vivirían 2.374.149 personas.
Esta última cifra, que resultó ‘inflada’, distorsionó cálculos y proporciones que son insumos para hacer políticas públicas. Un ejemplo de ello es que el mecanismo de distribución de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, utiliza el tamaño de la población de cada municipio (tiene una incidencia de 35% según el coeficiente), con lo cual queda sujeto a la lógica de la regla de tres simple que a mayor población más recursos van desde La Plata a los municipios más habitados. Por lo tanto La Matanza fue beneficiada desde 2010 según este mecanismo y sobre la base del cual Guardarucci elaboró su cálculo.
Pero el censo 2022, que se divulgó el martes, arrojó que la población de La Matanza es menor a la esperada -o sea a la proyectada de 2.374.149-. La cifra que registró fue 1.837.774, es decir, 536.375 menos que la estimada sobre la base de 2010.
Federico Tiberti, un politólogo argentino que vive y estudia en EE.UU., y que había advertido sobre los datos del Censo 2010 para La Matanza, notó en un tuit que “Guiándonos por los últimos 3 censos, la población de La Matanza habría crecido a 3,9% anual entre 2001 y 2010, para luego crecer sólo 0,2% anual entre 2010 y 2022. Si nos salteamos 2010, habría crecido al 1,8% anual entre 2001 y 2022”.
En la provincia de Buenos Aires, la ley 10.559 establece un mecanismo de distribución compuesto por coeficientes que responden a distintas variables que se van actualizando con el tiempo. El porcentaje que recibe cada municipio se determina del siguiente modo: 35,9% por población; 13,34% en forma proporcional a la inversa de la capacidad contributiva per cápita ponderada por la población; 8,7% en proporción directa con la superficie del municipio; 12,95% en relación a las camas disponibles, nivel de complejidad y nivel de ocupación; 9,25% en relación a la cantidad de consultas médicas registradas con o sin internación; 3,7% en relación a la cantidad de egresos de pacientes registrados en establecimientos con internación; 7,4% en relación al número de pacientes por día en establecimientos con internación; 3,7% en relación al número de establecimientos hospitalarios sin internación; 5% se distribuye entre las municipalidades que cubren servicios y funciones transferidas.
Toda esta fórmula plantea que los incentivos de los municipios no sólo sean a favor de contar con una población mayor sino también, como Guardarucci sostiene, ”las variables utilizadas no se enfocan en la prevención, sino que premian las políticas de atención y curación. La existencia de ‘polos sanitarios’ en el Conurbano y un extenso anecdotario de municipios maximizando consultas médicas, son consecuencias esperables de una ley de coparticipación que brinda incentivos incorrectos”.
La sobreestimación de la población de La Matanza fue detectada en 2022 por el propio Tiberti y por el ingeniero en sistemas Mauro Infantino. Por separado, ambos cruzaron rarezas que ellos y otros especialistas iban hallando como consecuencia de la sobrerepresentada población matancera. De ese modo, la tasa de vacunación durante la pandemia era más baja en La Matanza que otros territorios, lo mismo que su matrícula escolar o la mortalidad por Covid. En agosto pasado Tiberti escribió un artículo titulado “¿Está sobrerepresentada la población de La Matanza?”.
“Va tomando forma”, dijo ayer Infantino, tras salir el Censo 2022.
El economista y experto en datos geográficos, Juan Ignacio Fulponi, señaló ayer que el mayor desvío de todos los partidos del AMBA corresponde a La Matanza.
“Aunque también haría una alerta por Esteban Echeverría y Ezeiza que presentan diferencias no menores, aunque sin duda la que mueve la balanza es La Matanza”.
El fallecido Jorge Todesca, como director del instituto en 2016, presentó en su momento una denuncia.
“Un censo es un instrumento básico para generar políticas públicas y distribuir con precisión los presupuestos y obras para su cometido. Si los censos no representan la realidad, las políticas públicas no se ajustarán y los beneficios no llegarán a la población”, explica Fulponi.
Para ello, por lo tanto resulta clave, al menos, medir bien la población.
“El kirchnerismo transformó el Censo en una herramienta para beneficio propio”, arrancó diciendo un texto de JxC ayer firmado por intendentes, diputados y senadores nacionales, senadores provinciales y referentes provinciales. “Expresamos nuestro absoluto rechazo a esta maniobra kirchnerista con la que solo buscan profundizar su populismo y brindarles cargos a sus militantes. Exigimos una pronta solución para superar este agravio al federalismo y a los demás municipios damnificados”.
Para JxC “la estafa asciende a los 34.000 millones de pesos de fondos ilegítimamente recibidos por La Matanza entre 2011 y 2022”.
Consultado el economista de Fiel, Isidro Guardarucci, que estima una cifra mayor ($ 85.000 millones entre 2012 y 2023, ver más aparte), respondió que el cálculo en el comunicado de los dirigentes “es a valores de 2022. Cada peso de 2022, en 2023 son el doble. Así que eso mismo, si lo querés poner en términos del presupuesto 2023 es el doble. Cada día que pasa, el reclamo necesita ser actualizado y entonces además del problema de la mala medición del censo está además el problema de la moneda en este caso”.