Mientras en la Cámara de Diputados, siguen latentes las tensiones por las designaciones de los representantes ante el Consejo de la Magistratura, que de forma unilateral, la titular del cuerpo Cecilia Moreau, paralizó, uno de los legisladores del PRO, recurrió a la Justicia para poder acceder a su puesto.

Es que el diputado Álvaro González, presentó es un amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal para que se concrete su jura como uno de los cuatro integrantes de la Cámara baja ante el Consejo de la Magistratura.

De hecho, la Corte Suprema, había dispuesto que juren los cuatro diputados, tanto los del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, como el del PRO Álvaro González y la radical Roxana Reyes. Sin embargo, el pasado lune, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Cormick, dictó un fallo en el que objetó la designación de la representante de la UCR.

Por lo tanto, desde el bloque de la oposición exigieron a la presidenta de la Cámara baja que apele la sentencia, acción a la que Moreau, se sumó, pero luego decidió suspender por completo las designaciones de todos los representantes ante el órgano que controla y designa a los jueces de todo el país.

Esta acción, generó un gran repudio por parte del bloque opositor, que derivó en un escándalo de gritos e insultos en la última sesión del Congreso. Por lo que ahora, terminará en la Justicia una vez más.

Por su parte, el amparo presentado ante el fuero Contencioso Administrativo, con el aval del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio, pide que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la resolución de Moreau porque tiene “el objetivo de obstruir o impedir que se me reciba el juramento de Ley y por lo tanto me he visto en la obligación de accionar judicialmente, a fin de no consentirla”.

“La demora en la integración plena del Consejo de la Magistratura es de una notoria gravedad institucional, ya que la eventual parálisis de ese órgano de la Constitución conllevaría un perjuicio irreparable, porque se entorpece la eficaz prestación de los servicios estatales, se obtura el funcionamiento del sistema institucional sobre el que reposa el Estado de Derecho, y se deja al desamparo a una sociedad que queda inerme frente a la violación de sus derechos fundamentales”, sostiene el escrito presentado por González.

Vale destacar que la integración del Consejo de la Magistratura, también fue judicializada por los representantes del Senado. La semana pasada, la jueza María Alejandra Biotti rechazó un pedido del legislador del PRO Luis Juez, para que se anule la designación de su colega del kirchnerismo Martín Doñate.

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Ahora resta esperar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que deberá volver a determinar si le toma juramento a los representantes de la Cámara alta, para que pueda por fin, quedar conformado el cuerpo del organismo de control, que preside Horacio Rosatti.