Novedades en el caso de facturas truchas en Bahía Blanca: se cerró la investigación por los delitos que habrían cometido funcionarios y empleados de la Regional de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en esa ciudad para proteger a Lázaro Báez.

Se determinó que los sospechosos quedaron blindados por un cuestionado sobreseimiento que firmó Norberto Oyarbide en las postrimerías del kirchnerismo, meses antes de retirarse.

De acuerdo al periodista Hugo Alconada Mon, la decisión la adoptó el juez federal Walter López da Silva, basado en un dictamen del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, quien concluyó que Oyarbide cerró las puertas a la investigación con una resolución que se encuentra firme y que resulta, por tanto, “cosa juzgada”.

El ex juez federal Norberto Oyarbide

“Considero que los hechos atribuidos a los funcionarios de la AFIP-DGI División Regional Bahía Blanca afines con las presuntas operaciones tendientes a encubrir un accionar ilícito de Lázaro Báez han sido investigadas en los autos [tramitados en Buenos Aires], siendo sobreseídos por sentencia firme pasada en autoridad de cosa juzgada”, dictaminó el fiscal Martínez, tras analizar los expedientes penales que, desde los tribunales federales de Comodoro Py, ahondaron en la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP.

Con el cierre y archivo de esta pesquisa, en Bahía Blanca quedan otras investigaciones abiertas, pero centradas en los empresarios locales involucrados en la trama delictiva como emisores de las facturas truchas, pero no así en los funcionarios de la AFIP, ni en Báez y sus acólitos.

A esa primera investigación se suma otra centrada en el presunto lavado de activos que habrían llevado adelante los mismos protagonistas. Pero esa recién da sus primeros pasos. La Unidad de Información Financiera (UIF) figura como querellante, aunque Báez tampoco aparece ya entre los acusados.