La iniciativa de 240 artículos enviada a Diputados busca transformar el crédito, el mercado de capitales y el régimen de garantías con eje en la digitalización. Tras la polémica inicial, el Ejecutivo confirmó que eliminará el punto que proponía cobrar el Impuesto a las Ganancias por la venta de Cedears.
El Poder Ejecutivo envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una ambiciosa reforma de 240 artículos que modifica de forma estructural las reglas del crédito, el mercado de capitales y el sistema de garantías en el país. La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y de los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva, y será debatida en un plenario de cuatro comisiones: Legislación General, PyMES, Finanzas, y Presupuesto y Hacienda.
Uno de los puntos de mayor tensión y debate se centró en el Impuesto a las Ganancias. Actualmente, los inversores que compran Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) están exentos de este tributo al momento de su venta, equiparados con las acciones locales. El texto original del proyecto buscaba eliminar este beneficio bajo el argumento oficial de cerrar "una fisura en el sistema" que desvía el ahorro local hacia activos extranjeros.
Sin embargo, ante la fuerte polémica generada en el sector financiero, el asesor del Ministerio de Economía, Felipe Núñez, debió aclarar rápidamente a través de sus redes sociales: "[El artículo] quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!".
Más allá de la controversia con los Cedears, la reforma apunta a bajar los costos operativos, dinamizar el crédito y adaptar la legislación argentina a la economía digital. Para ello, incorpora el principio de "neutralidad tecnológica", habilitando que los títulos de crédito se emitan y registren en soportes digitales, como redes de registros distribuidos tipo blockchain.
Asimismo, el proyecto habilita la tokenización de acciones, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de fideicomisos, al tiempo que somete a los activos virtuales bajo la órbita de supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El paquete de modificaciones abarca múltiples sectores clave de la economía:
Por último, la iniciativa contempla la derogación de normativas obsoletas, entre las que figuran la Ley de Prenda Agraria, la ley de Sociedades Emisoras y el decreto de 1943 que regulaba a las sociedades de capitalización y ahorro.