En busca de la verdad
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La Casa Rosada espera remitirlo tras haber modificado el texto firmado en febrero
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El Gobierno nacional busca avanzar con la aprobación del acuerdo de comercio e inversiones firmado con Washington. La Casa Rosada pretende enviar el proyecto al Congreso antes de noviembre y, en paralelo, impulsar una serie de tratados internacionales vinculados con patentes y propiedad intelectual.
El Gobierno de Javier Milei busca acelerar la implementación del acuerdo comercial con Estados Unidos y trabaja para enviar el texto al Congreso durante los próximos días. La iniciativa forma parte de la estrategia oficial para profundizar la relación económica con la administración de Donald Trump y establecer nuevas condiciones para el intercambio bilateral.
En la Casa Rosada aseguran que el proyecto será remitido al Poder Legislativo una vez que finalicen las revisiones administrativas correspondientes. La intención es completar ese procedimiento antes de noviembre, sin demorar el tratamiento parlamentario.
La decisión tomó impulso después de que el canciller argentino, Pablo Quirno, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, suscribieran un protocolo adicional que introdujo modificaciones al acuerdo alcanzado en febrero de 2026.
Los cambios estuvieron relacionados principalmente con las condiciones arancelarias previstas para los productos argentinos, luego de que resoluciones judiciales en Estados Unidos obligaran a revisar parte del esquema comercial impulsado por Trump.
Mientras avanza el proceso legislativo, el Ejecutivo argentino también pretende comenzar a aplicar aquellos compromisos que no requieren la sanción de nuevas leyes.
El denominado Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos contempla modificaciones que van más allá de la reducción de impuestos sobre determinados productos.
Entre sus principales ejes figuran la eliminación de barreras comerciales, la protección de la propiedad intelectual, la cooperación económica y la modernización de distintos procedimientos regulatorios.
También incorpora disposiciones relacionadas con el comercio digital, las normas técnicas, la agricultura, la seguridad de las inversiones y los controles sobre exportaciones.
En materia arancelaria, el entendimiento establece beneficios para determinados productos argentinos que ingresen al mercado estadounidense, así como concesiones para mercaderías provenientes de Estados Unidos.
Estas disposiciones incluyen reducciones o eliminaciones de aranceles y la aplicación de cupos comerciales para ciertos bienes.
Sin embargo, la aprobación del acuerdo no significará que todos sus beneficios entren en vigencia de manera inmediata, debido a que su implementación requiere distintos procedimientos legales y administrativos en ambos países.
Uno de los puntos centrales de la nueva versión del acuerdo está relacionado con el tratamiento que recibirán las exportaciones argentinas.
El documento original, firmado en febrero, establecía que Washington aplicaría una "tasa arancelaria recíproca revisada" sobre determinados productos.
No obstante, esa formulación debió modificarse después de que decisiones de la Justicia estadounidense alteraran el sustento jurídico de una parte de la política arancelaria de Donald Trump.
Como consecuencia, el protocolo adicional reemplazó aquella expresión por el compromiso de aplicar el "tratamiento arancelario" previsto en los anexos correspondientes.
La modificación busca adaptar el entendimiento bilateral al marco legal vigente en Estados Unidos y facilitar su posterior ratificación.
Desde el Gobierno argentino reconocen que estas circunstancias demoraron la implementación de algunos capítulos, aunque consideran que la nueva redacción permite avanzar con el trámite legislativo.
La estrategia del Ejecutivo contempla dos caminos simultáneos para poner en funcionamiento los compromisos asumidos con Washington.
Por un lado, enviará el acuerdo general al Congreso para obtener su aprobación mediante el procedimiento legislativo correspondiente.
Por otro, avanzará con las disposiciones que puedan implementarse a través de decretos, resoluciones y otras medidas administrativas.
De esta manera, la Casa Rosada pretende evitar que la totalidad del entendimiento quede paralizada mientras se desarrolla el debate parlamentario.
No obstante, algunos capítulos necesitarán reformas legales, reglamentaciones específicas o decisiones de las autoridades estadounidenses antes de comenzar a aplicarse.
El texto establece que el acuerdo entrará en vigor 60 días después de que ambos países intercambien las notificaciones que acrediten el cumplimiento de sus procedimientos internos, salvo que las partes acuerden una fecha diferente.
Por lo tanto, la aprobación legislativa argentina será uno de los pasos necesarios para completar su entrada en vigencia.
Además del acuerdo comercial, el oficialismo prepara una agenda legislativa vinculada con los compromisos internacionales asumidos ante Estados Unidos.
Una de las prioridades es completar la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) antes de que finalice octubre.
La iniciativa ya recibió el respaldo de la Cámara de Diputados, aunque con modificaciones, por lo que deberá regresar al Senado para completar su tratamiento.
El tratado busca facilitar los procedimientos internacionales de solicitud de patentes y forma parte de las reformas que el Gobierno pretende impulsar en materia de propiedad intelectual.
En paralelo, el Ejecutivo prepara el envío a Diputados de otros seis convenios internacionales relacionados con la protección de invenciones, marcas comerciales y diseños industriales.
- Convenio de Bruselas: protección de señales transmitidas por satélite.
- Tratado de Budapest: reconocimiento internacional de depósitos de microorganismos para procedimientos de patentes.
- Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya: registro internacional de diseños industriales.
- Protocolo de Madrid: mecanismos de registro internacional de marcas.
- Tratado sobre el Derecho de Patentes: armonización de determinados procedimientos administrativos.
- Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas: modernización de trámites relacionados con marcas comerciales.
Aunque el entendimiento bilateral contempla que estos instrumentos sean sometidos al Congreso antes de finalizar 2027, el Gobierno decidió adelantar su tratamiento para avanzar con los compromisos asumidos con Washington.
Dentro de la agenda bilateral también aparece la adhesión argentina a la revisión de 1991 del convenio internacional sobre obtenciones vegetales, conocido como UPOV 91.
Este instrumento establece criterios de protección para los derechos de quienes desarrollan nuevas variedades vegetales y está relacionado con el marco regulatorio de la producción de semillas.
Sin embargo, el Gobierno decidió dejar esta discusión fuera del paquete legislativo inmediato.
En la Casa Rosada consideran que su tratamiento deberá estar acompañado por una futura modificación de la Ley de Semillas, debido a las consecuencias regulatorias que podría tener sobre el sector agropecuario.
Por ese motivo, el Ejecutivo priorizará los convenios de propiedad intelectual que considera en condiciones de avanzar durante los próximos meses.
El envío del acuerdo con Estados Unidos abrirá un nuevo frente de negociación entre el oficialismo y los diferentes bloques parlamentarios.
La Libertad Avanza deberá conseguir los respaldos necesarios para aprobar un entendimiento que incluye compromisos comerciales, regulatorios y de inversión de largo plazo.
La firma del protocolo adicional representó un avance para destrabar ese proceso, pero el acuerdo todavía necesita completar las instancias legales correspondientes antes de entrar en vigencia. La Cancillería argentina lo mantiene registrado como un instrumento que aún no está en vigor.
La prioridad del Gobierno es concretar su ingreso al Congreso antes de noviembre y, al mismo tiempo, avanzar por vía administrativa con las disposiciones que no requieren nuevas leyes.
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