En busca de la verdad
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La sesión comenzará a las 12 y el oficialismo confía en reunir el quórum para también debatir iniciativas sobre propiedad privada y trazabilidad de medicamentos.
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La Libertad Avanza convocó a una sesión especial para el miércoles 21 de octubre, a las 12. El oficialismo intentará reunir el quórum necesario para debatir una agenda que incluye proyectos de distintos espacios políticos, mientras busca incorporar una iniciativa para reforzar la defensa de la soberanía argentina en el Atlántico Sur.
La Cámara de Diputados se prepara para una nueva jornada de debate legislativo. El oficialismo convocó a una sesión especial para este miércoles 21 de octubre, a las 12, con el objetivo de avanzar en una serie de proyectos relacionados con discapacidad, endeudamiento familiar, propiedad privada y control de medicamentos.
La convocatoria se produce después de que la oposición fracasara en su intento de reunir los 129 diputados necesarios para habilitar una sesión destinada a debatir la derogación del DNU 70/2023 del presidente Javier Milei.
En esta oportunidad, La Libertad Avanza buscará tomar la iniciativa parlamentaria y discutir propuestas que también forman parte de las prioridades de los bloques opositores.
El temario oficial incluye seis iniciativas, mientras que el Gobierno pretende sumar el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, condicionado a que consiga el dictamen correspondiente en comisiones.
Uno de los principales puntos de discusión será la continuidad de las políticas de asistencia para las personas con discapacidad.
El oficialismo impulsa la denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una propuesta con la que busca establecer un esquema de funcionamiento estable y garantizar previsibilidad en la prestación de los servicios.
El dictamen de mayoría fue obtenido el 23 de septiembre durante un plenario de comisiones en el que La Libertad Avanza contó con el acompañamiento de sus aliados parlamentarios.
Durante el tratamiento del Presupuesto 2027, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aseguró ante los legisladores que los recursos destinados al sector estaban garantizados.
Sin embargo, los bloques opositores mantienen una posición diferente y reclaman extender la vigencia de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
La discusión estará centrada en las distintas alternativas para garantizar el financiamiento y la continuidad de las prestaciones, así como en las diferencias entre los dictámenes presentados.
Otro de los asuntos que llegará al recinto será el proyecto destinado a abordar el creciente endeudamiento de las familias argentinas.
La Libertad Avanza presentará su propio dictamen, que se diferencia de las iniciativas elaboradas por Unión por la Patria y Provincias Unidas.
La propuesta oficialista se concentra en herramientas preventivas, principalmente mediante educación financiera, mayor transparencia en las operaciones crediticias y mecanismos para reducir los fraudes digitales.
El Gobierno sostiene que los conflictos derivados de obligaciones económicas entre particulares no deben resolverse mediante una intervención directa del Estado.
En ese sentido, el oficialismo mantiene la postura expresada por Javier Milei: "El Estado no debe intervenir en un asunto entre privados".
Las diferencias entre los espacios políticos estarán relacionadas con el alcance que debería tener la participación estatal para atender las dificultades de las familias que acumulan deudas.
La sesión también incluirá el tratamiento de una iniciativa destinada a mejorar la trazabilidad de medicamentos y de las materias primas utilizadas en su elaboración.
El proyecto surgió de una propuesta de la diputada libertaria Silvana Giudici y recibió aportes de legisladores de diferentes bloques.
Entre quienes participaron en la elaboración del texto figuran Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria; Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires; y Marcela Pagano, de Coherencia.
También se incorporaron iniciativas de las exdiputadas Danya Tavela y Mónica Fein.
La propuesta busca fortalecer el seguimiento de medicamentos de alto riesgo mediante registros digitales que permitan identificar y controlar los productos durante su circulación.
Además, contempla mecanismos de actuación frente a sospechas de contaminación o irregularidades que puedan comprometer la seguridad sanitaria.
El objetivo es mejorar la capacidad de respuesta ante posibles problemas en la fabricación, distribución o comercialización de estos productos.
La agenda legislativa contempla también el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que propone modificaciones a las normas de expropiaciones y regularización dominial.
La iniciativa se encuentra entre los asuntos de interés para el oficialismo y forma parte de las discusiones vinculadas con la protección de los derechos de propiedad.
Además, se debatirán cambios en el Código Penal relacionados con el vandalismo rural.
La convocatoria también incluye una propuesta para transferir gratuitamente a la provincia del Chaco un inmueble del Estado nacional ubicado en Barranqueras, correspondiente al Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.
En paralelo a los proyectos ya incluidos en el temario, el oficialismo trabaja para avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
Para ello, convocó a un plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal para el martes 20 de octubre, a las 16.
La intención es completar el tratamiento en comisiones y conseguir un dictamen que permita impulsar posteriormente el debate en el recinto.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo establece un régimen de sanciones para quienes participen en actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos.
Entre las medidas previstas figuran penas de prisión, inhabilitaciones y multas que se calcularían tomando como referencia el valor de barriles de petróleo.
La iniciativa también contempla modificaciones en materia de seguridad nacional e inteligencia.
Algunos de estos puntos generaron cuestionamientos de sectores aliados al Gobierno, entre ellos el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que reclama mayores mecanismos de control parlamentario.
Ante esas diferencias, el Poder Ejecutivo aceptó introducir cambios en determinados artículos, especialmente en aquellos relacionados con la Ley de Seguridad Interior.
Mientras el Gobierno busca avanzar con su proyecto sobre soberanía nacional, legisladores de Unión por la Patria impulsaron una iniciativa relacionada con la conexión marítima entre Chile y las Islas Malvinas.
Los excancilleres y actuales diputados Santiago Cafiero y Jorge Taiana, junto con otros representantes del peronismo, solicitaron convocar al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera.
El objetivo es que el diplomático brinde explicaciones sobre la posición de su país frente a la posible apertura de una ruta comercial entre Punta Arenas y las islas.
Según la información mencionada por los legisladores, la empresa Easter Island Naviera proyecta iniciar en noviembre una conexión marítima regular mediante el buque Danstar.
La preocupación de los diputados está relacionada con la eventual utilización de esa ruta para transportar suministros destinados a proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas cuya soberanía disputa la Argentina.
En particular, apuntan al emprendimiento petrolero Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas.
Los legisladores consideran necesario determinar si las autoridades chilenas autorizaron o participaron en la organización de la conexión marítima y si esta podría utilizarse para abastecer actividades que la Argentina considera ilegales por realizarse sin su consentimiento.
Con esta agenda, La Libertad Avanza intentará recuperar la iniciativa parlamentaria después de la sesión que la oposición no logró concretar para discutir el DNU 70.
Desde el oficialismo aseguran que cuentan con los respaldos necesarios para reunir el quórum y comenzar la sesión del miércoles.
Sin embargo, la apertura del recinto no garantiza la aprobación de los proyectos, ya que las distintas bancadas mantienen diferencias sobre discapacidad, endeudamiento y otros asuntos incluidos en el temario.
La jornada será una nueva instancia de negociación entre el Gobierno, sus aliados y los bloques opositores, en un Congreso donde los acuerdos parlamentarios resultan determinantes para avanzar con las iniciativas.
El resultado de esas conversaciones definirá qué proyectos podrán obtener media sanción y cuáles deberán continuar su tratamiento legislativo.
