Tras finalizar el plazo de dos semanas impuesto por el gobierno de Javier Milei al Reino Unido para frenar las actividades de extracción de hidrocarburos en las aguas que rodean a las Islas Malvinas, la Argentina avanzará con la presentación de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

El conflicto gira en torno al proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte a unos 220 kilómetros al norte de las islas. La iniciativa está a cargo de la empresa israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), firmas que ratificaron sus planes de iniciar las perforaciones a principios de 2027 para comenzar la producción en 2028, con una estimación inicial de hasta 55.000 barriles diarios.

Mientras desde la Cancillería advirtieron que las compañías deberán elegir entre "operar ilegalmente en un territorio disputado o hacerlo de manera rentable y segura en Argentina", desde Rockhopper desestimaron las advertencias y calificaron las acciones nacionales como "ilegítimas".

El procedimiento arbitral, impulsado bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y coordinado por la Consejería Legal junto al embajador Mario Oyarzábal, marca un hecho inédito. Tal como señaló el canciller Pablo Quirno, es la primera vez que el país somete a un tribunal internacional la disputa sobre los actos unilaterales de explotación hidrocarburífera británica.

El alcance del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo y donde la argentina Frida María Armas Pfirter ejerce la vicepresidencia, se limitará exclusivamente a evaluar si un Estado puede avanzar unilateralmente con recursos no renovables en zonas marítimas en litigio, sin abordar la discusión de fondo sobre la soberanía de las islas. Si el tribunal -integrado por 21 jueces- concede las medidas provisionales solicitadas por el país, sus resoluciones serán de carácter obligatorio para las partes.