A pocos días de conocerse la medición oficial correspondiente al primer semestre de 2026, las estimaciones privadas anticipan una suba del índice. En la Casa Rosada preparan una defensa basada en aislar las variables económicas y sostener que no habrá cambios en el rumbo.
El Gobierno nacional ajusta su estrategia discursiva y prepara una respuesta política ante la inminente publicación del informe del INDEC que dará a conocer la medición de la pobreza correspondiente al primer semestre de 2026.
A pocos días de que se difunda el dato oficial previsto para el jueves 24 de septiembre, distintas estimaciones privadas anticipan una suba del índice, lo que genera especial atención en la Casa Rosada debido a que la reducción de este indicador había sido uno de los principales argumentos del presidente Javier Milei para defender los resultados de su programa económico. No obstante, desde el Ejecutivo remarcaron de manera tajante que no está bajo análisis modificar el rumbo económico.
El último dato oficial del organismo correspondiente al segundo semestre de 2025 se había ubicado en el 28,2%, pero las proyecciones actuales de la Universidad Torcuato Di Tella, la UCA y diversas consultoras sitúan el índice entre el 31% y el 32%, lo que implicaría un incremento de unos tres puntos porcentuales y significaría que entre 1,5 y 1,7 millones de personas habrían ingresado nuevamente en la situación de pobreza durante la primera mitad del año debido a la desaceleración en la recuperación de los ingresos frente a la Canasta Básica Total.
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Convocada por referentes de la izquierda y agrupaciones kirchneristas bajo la consigna "Organizar la bronca para derrotar a Milei", la movilización partió desde el Congreso y avanzó hacia la Casa Rosada. Sectores oficialistas calificaron la protesta de escasa convocatoria.
Frente a este escenario, la línea bajada por el propio mandatario a legisladores y funcionarios apunta a discutir cada variable económica por separado, utilizando manuales y argumentos oficiales para responder sobre inflación, actividad, consumo y empleo sin permitir que un indicador social adverso cuestione el modelo general.
La defensa oficial se estructurará en sostener que, mientras la foto social puede mostrar un deterioro coyuntural, la película macroeconómica sigue siendo positiva -apoyada en una inflación de 1,7% en agosto y una actividad económica que se mantiene un 2% por encima del año anterior-, además de ampliar el período de comparación para remarcar que el índice actual se ubica muy por debajo del pico del 52,9% registrado en la primera mitad de 2024.
La discusión política se centrará así en qué punto de referencia elige cada sector para evaluar la gestión, en un contexto donde el Gobierno confía en que la baja de la inflación recomponga gradualmente el poder adquisitivo de cara a los próximos meses.