El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada con el objetivo central de captar los dólares que los ahorristas mantienen fuera del sistema bancario -estimados por el Gobierno en unos 170.000 millones de dólares-. Tras un debate breve y con pocos oradores, el oficialismo logró imponer su postura y consiguió la aprobación en general con 44 votos a favor y 23 en contra.

La nueva normativa introduce modificaciones sustanciales respecto al régimen vigente desde enero pasado. Su fin primordial es simplificar el sistema tributario, reducir la discrecionalidad del Estado frente a quienes adquirieron moneda extranjera en el mercado informal e incentivar su ingreso a inversiones productivas y formales.

Principales modificaciones y alcances del régimen

• Eliminación de topes: Se suprimen las barreras que limitaban el acceso al Régimen Simplificado de Ganancias, permitiendo que contribuyentes con altos volúmenes de operaciones (como transacciones en el Merval) o grandes patrimonios puedan adherir bajo condiciones específicas de determinación impositiva.
  
• Modificación en el cálculo de discrepancias: El porcentaje del 15% que utiliza la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para impugnar declaraciones ya no se medirá sobre el "impuesto a pagar", sino sobre el "impuesto determinado". Además, se fijó un piso mínimo de 5% del umbral de evasión del Régimen Penal Tributario (equivalente a 5 millones de pesos) para que una diferencia sea considerada significativa.
  
• Carga de la prueba y blindaje: La normativa establece que la carga probatoria recae exclusivamente sobre ARCA, la cual solo podrá utilizar información declarada, sistemas propios y datos de terceros para cuestionar al contribuyente. Asimismo, se fijó un plazo de 15 días hábiles para rectificar saldos sin perder la protección fiscal sobre los fondos exteriorizados.
  
• Restricciones para funcionarios públicos: Como consecuencia directa de debates previos y tras modificaciones introducidas en el Congreso, los funcionarios de los tres poderes del Estado que hayan ocupado cargos en los últimos 5 años no podrán adherir a la exteriorización de los "dólares del colchón" ni gozar de la presunción de exactitud.
  

Por último, la ley vincula la transparencia financiera con directivas hacia la Unidad de Información Financiera (UIF) para agilizar los controles, habilita el uso de efectivo en escrituras públicas de inmuebles hasta diciembre de 2027 y establece mecanismos claros de devolución de fondos e intereses en caso de resoluciones administrativas o judiciales favorables al contribuyente.