El plenario legislativo respaldó la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires en materia penales de menores y delito de integridad sexual.
El Senado aprobó los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto y la transferencia de competencia judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.
En el primer tramo de la sesión y previo a la discusión de la ley de Inocencia Fiscal, se aprobaron por 66 votos los pliegos de Greenway y Catania, postulados para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
Los dos magistrados lograron que se aprobara su pliego luego que estuvieran frenados por directivas de la Casa Rosada, debido a la cercanía de Greenway y Catania con el presidente de la AFA, Carlos "Chiqui" Tapia.
Posteriormente, los bloques aliados de la UCR y de Provincias reclamaron que se ponga a la firma el despacho y luego del visto bueno del Gobierno, se decidió avanzar en el proceso para aprobar estos pliegos.
También se votó el pliego de Juan Manuel Mejuto propuesto para como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 8 de la Capital Federal, que también se había frenado debido su cercanía con la agrupación K "Justicia Legitima"
Traspaso de competencias a la Ciudad
El Senado aprobó por 44 votos contra 21 los convenios firmados entre Nación y la ciudad de Buenos Aires de fueros penales, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.
Los proyectos fueron respaldados por la LLA, UCR, PRO, y bloques aliados ahora serán girados a la Cámara de Diputados.
Si estos convenios firmados entre la Nación y las autoridades porteñas son aprobados en el Congreso y la Legislatura, el fuero penal local comenzará a instruir en causas sobre estos delitos sensibles.
Se cumplimentará "en un máximo de 60 días" y responde a la "necesidad de elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente", se indicó.
CABA asume la investigación y el juzgamiento de delitos no federales cometidos por adolescentes a partir de los 14 años y hasta las 0 horas del día en que cumplan 18, aunque al ser juzgados ya sean mayores.
También comprende a adultos imputados junto con menores por los mismos hechos o hechos conexos, para preservar la unidad de investigación y juzgamiento. Para menores de 14 años, contempla intervenciones judiciales de protección.
También se establece que se iniciarán las negociaciones para celebrar convenios específicos de transferencias de recursos.
Por su parte, el ministerio de Justicia de la Nación se compromete a impulsar las medidas para finalizar el funcionamiento de la Justicia Nacional de Menores, considerando la resolución de las causas pendientes en plazos razonables. Las cámaras nacionales de Apelaciones y Casación mantienen su intervención en esas causas anteriores.
Debate
El presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penal, Gonzalo Guzmán Coraita,l aseguró que estos convenios están fundamentados en el artículo 129 de la Constitución que "reconoce a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción"
.El miembro informante defendió así que, "aprobar estos convenios es sencillamente cumplir con un mandato de la Constitución que la Corte Duprema viene exigiendo".
Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich, señaló que desde las provincias la protesta es que no podemos seguir profundizando asimetrías en materia de federalismo fiscal porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia, porque es el distrito más rico del país y tiene autonomía fiscal y financiera".
A su vez, el presidente de la bancada radical Eduardo "Peteco" Vischi, dijo que transferir esta competencia a la ciudad de Buenos Aires "no es un favor a la ciudad, sino que es normalizar la república, devolver al Poder Judicial de la Nación su rol federal y garantizarle al ciudadano porteño una justicia más ágil"
Al cerrar el debate, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, celebró la firma de estos dos convenios "porque estamos hace 30 años inventando que CABA tenga sus capacidades de jurisdicción. Esta no es una decisión contra nadie, es terminar, por parte, una tarea que la Constitución ya ordenó".
Fuente: Agencia NA