El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 remitido por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados ratificó la consolidación del equilibrio fiscal como ancla macroeconómica primordial, profundizando el esquema de contracción del gasto público en áreas sensibles como educación superior, investigación científica, discapacidad y prestaciones sociales básicas. Bajo proyecciones oficiales que contemplan un crecimiento del PBI del 4%, una inflación del 18% y un tipo de cambio a $1.847,6 para fin de año, el articulado reavivó los frentes de conflicto sectoriales al formalizar mermas reales significativas respecto de las demandas presupuestarias y leyes vigentes.

Uno de los focos de mayor tensión se concentra en el ámbito universitario: la iniciativa asigna $7,3 billones para el funcionamiento de las casas de altos estudios, ubicándose casi $4 billones por debajo de los $11 billones solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para recomponer salarios, becas e infraestructura hospitalaria. El presidente del CIN y rector de la UNR, Franco Bartolacci, alertó que el texto desconoce la Ley de Financiamiento Universitario e insistió en que el recorte acumula una caída del 25% respecto de 2023, anticipando una nueva Marcha Federal Universitaria para octubre ante el desfasaje salarial de docentes y nodocentes.

El ajuste golpea en paralelo a los organismos del complejo científico-tecnológico, que afrontarán caídas en términos reales: mientras el Conicet percibirá un incremento nominal del 10,9% (por debajo de la pauta inflacionaria), el INTA sufrirá un recorte real del 25,8% y el INTI una reducción superior al 19%, cuadro que se agrava con el desfinanciamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación. En simultáneo, el texto deroga la actualización mensual automática por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás asignaciones familiares fijada por la Ley 27.160, facultando al Ejecutivo a disponer aumentos o congelamientos de forma discrecional.

Finalmente, en materia de discapacidad, el presupuesto avanza con la supresión de los aranceles universales obligatorios del Nomenclador de Prestaciones Básicas para dar paso a esquemas diferenciados por cobertura médica, y elimina la compatibilidad histórica de las pensiones no contributivas por invalidez con el trabajo formal o el monotributo, reinstalando causales médicas estrictas que extinguirán el beneficio previsional de registrarse cualquier alta laboral registrada.