La inclusión de profundas modificaciones al sistema asistencial de discapacidad dentro del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 desató un inmediato foco de conflicto dentro de la mesa política del oficialismo: la senadora nacional y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que los cambios no fueron comunicados a los bloques aliados y advirtió sobre el impacto político de la omisión. "No nos enteramos, yo no miento, es la verdad. Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones", expresó la legisladora en declaraciones radiales, marcando un claro cortocircuito de coordinación interna en el Congreso.

La controversia se centra en el Capítulo VI del texto presupuestario (artículos 36 al 41), un paquete normativo que deroga artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad y reconfigura pilares históricos de la Ley 24.901 vigente desde 1997. Entre los puntos más resistidos por la oposición y organizaciones sociales figura la eliminación del carácter universal del Nomenclador de Prestaciones Básicas -lo que suprime los valores obligatorios de referencia para obras sociales y prepagas-, además de reemplazar la actualización automática mensual atada a la movilidad jubilatoria por revisiones trimestrales discrecionales a criterio del Poder Ejecutivo.

Asimismo, la reforma reinstala el concepto restrictivo de invalidez laboral y suprime la compatibilidad entre el cobro de la pensión no contributiva y el empleo formal registrado o el monotributo, retirándole al Certificado Único de Discapacidad (CUD) su carácter de llave directa hacia las coberturas. La situación compromete acuerdos parlamentarios previos alcanzados en la Cámara de Diputados, donde legisladores de bloques dialoguistas como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Esteban Paulón, junto a bancadas de Unión por la Patria, anticiparon un férreo rechazo al considerar que el esquema fragmenta el financiamiento y desprotege a miles de familias.